LA MANCONUNIDAD SE REUNE EN EL CAMPELLO (¡QUIÉN, QUÉ, CÓMO?)

Leo, en la edición digital del periódico local La Illeta, que la Mancomunidad de L'Alcantí ha celebrado una reunión en El Campello. Durante un corto período de tiempo fui miembro de la Mancomunidad designado por el Pleno del Ayuntamiento de El Campello. Pero mi interés por éste ente local ( LBRL Art. 3.2.c) fue especial, máxime cuestionando como cuestiono a las Diputaciones como uno de los anacronismos que subsiste en nuestro sistema democrático ( anacrónico pues, siendo democrática la elección de representantes municipales, siendo democrática la elección de diputados autonómicos o estatales, la designación de los y las diputados y diputadas provinciales es competencia de los partidos políticos, siendo éste un elemento de "partitocracia" difícilmente argumentable en un sistema democrático).

Me viene al pelo una frase de Vallespín sobre la política: la gran paradoja es que en la época de la tan cacareada innovación -tecnológica, financiera, productiva, empresarial...- la política, para bien o para mal, se está quedando al margen. Me he permitido la cita, pese a que F.Vallespín se refería a otra cosa ( a la Ciencia Política), porque es cierto: la política local parece vivir al margen de una realidad marcada por lo interterritorial, por lo trans local, por la globalidad. Me explico, si me lo permiten, haciendo referencia literal ( comentada, claro) al articulado de los estatutos de éste énte.

En su artículo 9 se hace referencia al procedimiento de designación de vocales, especificando en su apartado 2 que tras las elecciones, los representantes electos ( por la ciudadanía) designarán por acuerdo plenario a sus representantes. Aquí se encuentra la diferencia a la que me refería anteriormente cuando hablaba del anacronismo democrático comparándolo con la partitocracia de la Diputación provincial. ¿No es más democratico que entre los representantes electos por la ciudadanía se designe, en el máximo órgano municipal, a los miembros de ésta institución?.

Pero voy un paso más allá, en el intento de dar contenido a mi argumento en favor de la Mancomunidad como institución supramunicipal. Las competencias establecidas en su articulado ( 5 y sucesivos de los Estatutos) se refiere a: asistencia técnica a los municipios, promoción de la cultura y equipamientos, promoción del deporte y equipamientos, urbanismo, en cuanto a la formulación de planes o anteproyectos que sirvan de orientación, tratamiento de residuos, transporte, información y promoción de la actividad turística, etc. Como podrán observar, un amplio abanico de posibles actuaciones que, con toda seguridad les sugerirán políticas compartidas en las que, como miembro de ésta institución, nuestro municipio podría "compartir" con otros infinidad de obras, servicios e infraestrucutras. Pongamos un ejemplo. ¿No habría sido más racional impulsar una piscina compartida, por ejemplo, con municipios limitrofes, compartiendo así mismo el mantenimiento y el servicio?, ¿no se podría establecer un transporte comarcal público?, ¿no se podrían impulsar programas culturales compartidos?, ¿no se podría elaborar un plan mancomunado de promoción turística con una oferta más amplia y rica?. Creo que las preguntas tienen una respuesta: si, se podría. Pero ésta respuesta conlleva otra pregunta: ¿se quiere, se cree en la mancomunidad como institución para una cooperación social, económica y política más amplia?.

El cortoplacismo en el que vive instalada la política (períodos cuatrianuales) no debería ser impedimento para emprender el camino de la cooperación, al igual que no fue un impedimento para que nuestro país decidiese integrarse en el club europeo para compartir políticas y constituir un potente ente en el entorno mundial de una globalización donde las políticas ya no dependen totalmente de uno sino de un conjunto de circunstancias. La cuestión en mi opinión es, o seguir mirándose cada uno el ombligo o concretar esas ideas en las que se dicen creer (país valenciá, comarca ) pero que decaen en beneficio de un espíritu "pueblerino" ( en su acepción peyorativa, pues el calificativo de pueblerino aplicado como vecino de un pueblo lo comparto con orgullo) donde el mérito se mide por supuestos logros personalistas, pecando de un burdo y absurdo etnocentrismo .

La Mancomunidad fue, es y será una oportunidad, no solo de racionalizar obras y servicios desde un punto de vista económico, sino una apuesta por la integración territorial donde los vecinos de diferentes municipios, compartiendo problemas , ¿porqué no compartir soluciones?.

Por ésto, al leer que la Mancomunidad había celebrado su reunión ordinaria en El Campello, me asaltó la pregunta de, ¿conocemos qué es y qué puede ser la Mancomunidad de L'Alacantí para El Campello; lo conocen nuestros representantes; creen en ésta institución como algo más que ya existía y en el que, por tradición se debe seguir estando?

EL PLENO DE DICIEMBRE

Como muchos y muchas habrán tenido oportunidad de ver, el orden del día del Pleno municipal del mes de diciembre es, por así decirlo, escaso en su contenido. Y, seguramente no es por falta de asuntos a debatir, cuestiones a acordar y temas que tratar.
Se me ocurre un asunto: ¿porqué no hablar del Presupuesto municipal?. Y no me refiero a acordar números, ni a concretar actuaciones. Simplemente hablar de las líneas políticas; estrategias a debatir para el año que está a punto de entrar.
Seguramente los muy escrupulosos podrán aducir que, hablar de cosas, sin concretar números no tiene demasiado sentido. Pero en política, acordar una agenda, para posteriormente consensuar los pormenores creo que es, como mínimo, interesante.
Dar una explicación, por ejemplo, de los datos que faltan y porqué faltan, hacer una evaluación de algún programa, alguna actuación realizada y valorar el impacto que ha podido tener en la población así como recoger indicaciones, avanzar en las líneas que van a seguirse en temas tan espinosos como el vertedero, o la política de personal: en cómo va a abordarse el problema ( porque es un problema presupuestario) el crecimiento desorbitado de partidas como las de servicios extraordinarios...por ejemplo.
Creo que reducir el orden del día a asuntos de mera tramitación administrativa ( que también) es un mal síntoma: otro mal síntoma.
Hablar ( y sigo con los ejemplos) de las inversiones sostenibles que abordar en 2018 para que puedan entrar en la anualidad sin necesidad de tener que rectificar. O en alguno de los puntos del acuerdo de investidura ( ya que estamos), para poder avanzar en su desarrollo. O también, y porque no, en cómo dinamizar la participación ciudadana, paradigma y punto ilusionante en el original compromiso de los miembros del gobierno, por no decir que de la totalidad de grupos con representación.
Creo que cualquier oportunidad es buena, y aprovechar un Pleno municipal para explicar, rendir cuentas y avanzar debates, no es cosa menor, como diría ese gran cómico que ocupa La Moncloa.

CRISIS DEL "BUENISMO".

Las candidaturas de "confluencia" o la participación de las marcas instrumentales de Podemos no han cambiado nada de la política a la que según ellos venían a cambiar. Al contrario: han emulado a sus adversarios en una estrategia partidaria que nada tiene que ver con aquel discurso "buenista" del gobierno del cambio por el que apostaban. La subjetividad ideológica como ingrediente principal de un más que evidente "infantilismo" izquierdista en su acción política institucional les ha situado, como mínimo, al mismo nivel de los que venían a combatir.

En los diferentes Ayuntamientos en los que el acuerdo plural dió la posibilidad de gobernar, como es el caso de Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan o nuestro mismo municipio, se han podido constatar con el paso de la legislatura, las distintas estrategias que, de forma más o menos evidente, se han desarrollado y que en algunos casos han puesto los cimientos para un final de legislatura, como mínimo, complicado.

En el caso de Alicante, la imputación del Alcalde por el fraccionamiento de unos contratos ha sido el detonando de la salida de EUPV y Compromis del gobierno municipal. Y siendo la imputación una cuestión grave, seguramente alguna otra solución se podría haber encontrado que no la de poner nuevamente en manos el PP el gobierno municipal. Sant Joant, ha visto como Compromís ha abandonado sus responsabilidades de gobierno por discrepancias con el Alcalde, en Sant Vicent fueron cesados de sus responsabilidades, y al gobierno de la Generalitat ( del PSPV-PSOE y Compromís le han "apretado" con argumentos presupuestarios que ponían en un brete las políticas que está desarrollando el Consell presidido por Ximo Puig.

Como hipótesis podríamos plantear que todo parte de una estrategia cuyo objetivo es, como mínimo, preservar un espacio político y electoral que les asegure consolidar la posición obtenida en 2015. Ahora bien: ¿ como valorará la ciudadanía el papel jugado en el gobierno de las formaciones políticas que han decidido pasar a la oposición? Es una apuesta arriesgada, pues por mucho que se esfuercen ahora desde la bancada contraria, la repercusión mediática y, por lo tanto social es siempre de menor impacto en un lugar que en el otro. De ahí que sea difícil aventurarse. Lo que si es cierto es que, al menos, la ciudadanía puede tener una perspectiva de lo que cada una de las formaciones políticas pueden aportar a la política municipal a la vista de sus actuaciones como miembros de un gobierno de coalición, al menos que la memoria, junto a una errónea estrategia comunicativa convierta las elecciones de 2019 en un regreso triunfal de la derecha a la vista de la aparente dificultad de las formaciones de la izquierda (en los diferentes municipios antes citados) para entenderse, desde la independencia pero con la responsabilidad que conlleva, no representar, sino estar junto a una ciudadanía que expresó en las urnas su apuesta por el cambio.

Lo que en mi opinión, por activa y por pasiva, es que se está demostrando que aquel discurso "buenista" con el que muchas formaciones se presentaron, o con el que conformaron coaliciones de gobierno está poniéndose en evidencia. La política, la cruel política de la realidad, está poniendo las cosas en su sitio, y con ello, devolviendo a la ciudadanía a la realidad: idealizar hasta el punto de convertir una ilusión en una promesa, es una irresponsabilidad. Querer imponer, querer realizar cambios, aunque sean meramente simbólicos, sin la participación de una gran mayoría, sin el consenso suficiente para asegurar el recorrido de las políticas más allá de las diferentes coyunturas electorales, es y será un acto contra el interés general. La democracia, como en otras ocasiones he comentado, es, afortunadamente, un sistema in tempore, o lo que es lo mismo: cada cuatro años pueden variar las preferencias de los y las votantes, exponiendo las políticas partidistas a variaciones que pueden desestabilizar las instituciones. Si algo deben aprender los representantes políticos es que, la democracia, sin cambiar ( legislativamente), ha cambiado. De una democracia donde la alternancia era coto cerrado de dos, hemos pasado a una democracia donde existe una pluralidad de actores que se suceden en los escenarios políticos, jugando todos ellos un necesario papel en la estabilidad de las políticas: la transversalidad se ha instaurado, con toda seguridad, para quedarse, y esa es una lección que los nuevos y los viejos partidos deben aprender, aunque fundamentalmente, los nuevos, cuyo discursos era dar la vuelta a un sistema político que se ha presentado como más sólido y reacio a revoluciones improvisadas y ocurrentes.

Los servicios municipales (la biblioteca como excusa)

El debate actual en torno a la mal llamada municipalización de los servicios públicos (los servicios impulsados por acuerdo municipal son de propiedad pública siempre, hasta que no se decida lo contrario por el órgano competente) se sustenta en un planteamiento claramente favorable a los modos de gestión públicos frente a los modos de gestión indirecta a través de contratos con sociedades mercantiles: la corrupción, el clientelismo y un mercantilismo de beneficio desmedido ha incidido de forma determinante en la irrupción de éste debate.

Y tras éste debate subyace, en el marco de lo que se denomina la Nueva Gestión Pública, una dicotomía en cuanto al enfoque de dicha Nueva Gestión: la neoempresarial y la neopública. Ambas parten de la necesidad de mejorar la prestación de determinados servicios. El primer enfoque, hace hincapié básicamente en factores económicos: eficiencia presupuestaria, ahorro económico y de recursos, etc. clientelizando a la ciudadanía receptora de los bienes y servicios. La segunda, propone introducir una dimensión ético-valorativa, a través de una repolitización de la gestión, la racionalización de las externalizaciones y la introducción en los procesos político administrtivos de participación de la ciudadanía como sujetos finales de los servicios y políticas públicas. Personalmente, me adscribo a la segunda, pero no de una forma, digamos, ortodoxa, sino flexible y básicamente posibilista. De ahí que el debate sobre la gestión de algunos servicios municipales lo entienda en un contexto, no de subjetivismo ideológico, sino de la viabilidad en función de un fin: la justicia social y la solidaridad.

La hegemonía de posiciones neoempresariales ha mercantilizado la gestión de los servicios, y ésta solo puede superarse desde una alternativa, como decía neopública, que avance en la dotación de valor público a los servicios y políticas, o lo que es lo mismo: estableciendo una mínima corresponsabilidad con la ciudadanía, considerando a ésta no solo como receptora, sino incluso como potencial gestora, algo que sin duda incidirá de forma más potente que cualquier tipo de eslogan retórico en las redes sociales en ese deseable clima de complicidad social que ayude a superar la desafección de una ciudadanía que ve la administración más como un problema que como una herramienta para mejorar su vida.

Las propuestas de gestión directa que presenta de forma recurrente Esquerra Unida adolecen, en mi opinión de una parte propositiva, centrándose únicamente en una posición normativa sobre lo que "debería ser la gestión" y no sobre cómo concretarla, a menos que la única vía propuesta sea el incremento de plantilla. Olvida posibles instrumentos como, el autoempleo, el cooperativismo, el empoderamiento de los y las trabajadoras a través de sus propias iniciativas. Antepone la calidad del empleo público y una supuesta calidad del servicio al ser prestado por funcionarios. Y, siendo cierto que a través de funcionarios se asegura su continuidad, no comparto que así sea respecto a la calidad, pues ésta depende de la iniciativa política. Y mi reflexión es , si el ente local se ha decidido por la comodidad del contrato privado sin más ¿será eficiente en la gestión de los servicios públicos prestados directamente?. Por otro lado, y siendo la democracia un sistema "in tempore", ¿quién asegura que los trabajadores públicos, al igual que otros en la plantilla municipal no acaben realizando otras tareas o que incluso acaben duplicándose recursos ( y gastos)?.

Creo que la idealización del empleo público como paradigma y "única" solución a un escenario de precariedad no es, ni responsable ni posible: defendiendo los derechos laborales para unos se acaba olvidando esa misma justicia para otros muchos y muchas. Y si de nuestra administración local hablamos, sería igualmente necesario valorar las reformas y ajustes necesarios para que los "derechos" (servicios extraordinarios y productividad) no continuasen siendo un lastre para la implementación de políticas socio económicas.

En resumen, creo que la aprobación de la propuesta de "municipalización" del servicio de biblioteca debería al menos servir para abrir un debate sobre la gestión de los servicios municipales hoy gestionados indirectamente o en perspectiva de serlo. Pero más que una decisión unilateral y atendiendo a esa "temporalidad" sobre la que la democracia descansa, debería ser motivo de un acuerdo lo más amplio posible que, siendo flexible, asegurase un criterio de mínimos sobre cómo recuperar la gestión directa o en que incidir en los pliegos de condiciones para introducir medidas de contenido social y derechos laborales para los trabajadores, al tiempo que se potencia una apertura a la participación social para la definición de los servicios asegurando la continuidad y calidad de los mismos.