Este proceso, teóricamente debería
partir, no de la voluntad del sujeto o sujetos, sino de un proceso
coercitivo a través del cual las situaciones "informales"
se transforman en funcionales pero, ¿para quíén?. Si nos referimos
a la administración y a lo que a muchos cargos electos les ocurre,
la conclusión es que se da una confusión entre el necesario
conocimiento de los procedimientos y trámites con una adaptación a
un medio que no es, ni el propio ni el adecuado pues las urnas
designan a "altos funcionarios" sino a representantes de
valores, ideas, intereses, ideologías, etc.
El proceso de adaptación que se
produce parte del interés de los grupos que, dado su estatus
orgánico, adquieren la posibilidad de ejercer algún tipo de
coerción sobre los representantes electos: bloqueo, retraso, etc. a
través de su actividad administrativa. Esta es otra forma de
institucionalización forzada por la propia estructura.
Las opiniones tecnocráticas, osea,
aquellas que consideran que la preparación de los representantes
políticos no tienen la formación adecuada y, por consiguiente
debería existir un filtro académico, olvidan que el conocimiento
técnico no esta exento de ideología. Esto ocurre con las
estructuras administrativas y técnicas: no están exentas de
ideología. El o la técnico tiene la posibilidad de dirigir la
acción política a través de su trabajo: permitir o no, interpretar
la legislación en función no de las posibilidades en su aplicación
sino de sus propios intereses o incluso creencias. La conclusión es
que la "tecnocracia" no es aséptica, pues los que la
aplican tienen intereses, creencias, etc. o lo que es lo mismo: los
que vigilan que la ley se cumpla, los que deben velar porque las
actuaciones se ajusten al procedimiento tienen la capacidad de "hacer
política" a través de los representantes políticos, máxime
si éstos se institucionalizan.
Tenemos dos ejemplos que pueden
servirnos. El primero, el asunto sobre la sentencia que obliga al
Ayuntamiento ( osea, a todos) a abonar 1,3 millones de euros a una
empresa inmobiliaria a causa de una decisión adoptada en la Junta de
Gobierno, en función ( como así afirma sin sonrojarse el portavoz
del PP) de "informes técnicos". Igualmente, un informe
técnico ha propiciado que se rechace la aprobación de un reglamento
destinado al personal, no porque no se ajuste a ley ( la sindicatura
de cuentas pedía su elaboración), sino por motivos diversos, entre
ellos, proteger la actual percepción de las "productividades
fijas y periódicas " (así las denomina la técnico que elabora
el informe) frente a cualquier cambio. Podríamos seguir con informes
técnicos que ha propiciado quiebras de convenios firmados, pago de
indemnizaciones, etc. Entonces, ¿los informes técnicos no sirven
para nada?. Al contrario: los informes técnicos son el fundamento de
que la administración se ajuste a la legislación vigente, pero
éstos, no son ni infalibles ni incuestionables: l fin y al cabo, los
que los suscriben son personas, con vivencias, pulsiones, ideas y,
por supuesto, ideología.
La cuestión es que, la ciudadanía no
elige a los representantes políticos para que se "adapten"
a una estructura que, por principios es conservadora. la elección
se hace en base a un programa, a unas preferencias, a la defensa de
unos intereses. Cuando se produce ( como en mi opinión, es el caso)
un proceso de adaptación casi simbiótica, se pierde la perspectiva
que la democracia atribuye al representante electo.
La reversión de ésta situación es un
paso fundamental para el cambio de paradigma que la administración,
sobre todo la local, precisa. El paradigma técnico y admnistrativo
debe ser sustituido por el político: repolitizar las instituciones
es un objetivo fundamental, pues seguir dejando el devenir de un
pueblo en manos de una opinión técnica casi en exclusiva es vaciar
de contenido la democracia y, en el caso de los gobierno de cambio,
traicionar la voluntad de los que agregaron su voto para que la
derecha saliese del gobierno.
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