EXIGENCIA ÉTICA

La redundancia es una repetición de significados, quizá innecesario pues pretende expresar una idea ya expresada. En el caso de la auditoria solicitada por Esquerra Unida al Pleno, encontramos una redundancia de significados y significantes.

En el texto del acuerdo entre los diferentes grupos y partidos políticos que propició la investidura en la presente legislatura, en su punto 9 podemos leer:

"Hacer una auditoria pública para conocer la situación real de las cuentas del Ayuntamiento y facilitar información respecto del destino concreto de los gastos, al igual que se conoce el origen de los ingresos".

E 28 de enero de 2016, EUPV presenta la propuesta al Pleno municipal por primera vez. Y lo hace tras una salida abrupta del gobierno municipal. La coalición de izquierdas considera ( y consideraba en el texto de la moción presentada hace un año) que es una exigencia ética previa a la aprobación del nuevo presupuesto la fiscalización de las facturas pagadas por el gobierno que precedió al actual. Esta exigencia, absolutamente legítima, debe entenderse extendida igualmente al actual gobierno, del que Esquerra Unida formó parte, por lo que la propuesta debería, por lo tanto extenderse al año y medio del actual gobierno, a menos que Esquerra Unida considere que ha fiscalizado la acción económica-financiera de forma adecuada.

Dicho lo cual, y partiendo de la legitimidad de la propuesta y la corresponsabilidad del resto de grupos firmantes del acuerdo de investidura, la pregunta es, ¿ será aprobada la moción?.

Las respuestas del resto de grupos políticos fueron, de forma resumida y sintética ,en la línea de: "ya se está realizando a través de los mecanismos institucionales; que la auditoria paralizaría los pagos, la necesidad de respeto y confianza en la estructura burocrático -administrativa y la posibilidad de que la totalidad de representantes acceda a las facturas.

Es un hecho que la legislación vigente, contempla un compromiso con la fiscalización y el control, clasificándola en tres mecanismos concretos: control interno (intervención), externo (tribunal de cuentas) y político ( pleno municipal). No obstante, y al margen de la posible "depuración" de responsabilidades en pagos y gastos, la nueva dinámica de exigencia social añade un aspecto relevante: la información y la transparencia. Información en cuanto al destino finalista de los fondos públicos, y transparencia en cuanto al porqué y para qué o para quién. Y en esta cuestión, la actual administración está igualmente lejana que sus predecesores, dinámica que hipotéticamente venían a cambiar.

Al margen del debate en si de la auditoria solicitada, existe un hecho relevante, y este es el equilibrio político existente en la actualidad en la corporación. Si Esquerra Unida solo cuenta con e apoyo de Ciudadanos y la oposición del resto de grupos, difícilmente saldrá adelante, al igual que difícilmente saldrán adelante las cuentas municipales al existir, en principio, una exigencia previa de uno de los grupos que escenificaron el cambio en 2015.

En la actualidad existe un gobierno compuesto por Compromis, Grupo Socialista, Partido de El Campello y Demócrates. Todos ellos suman 9 representantes: faltan dos para sumar el apoyo suficiente que permita, en general, sacar adelante las propuestas de interés colectivo. En el caso del Presupuesto, ésta exigencia no se aplicaría al estar las cuentas municipales prorrogadas desde 2014, algo que permitiría que, pese a la oposición del Pleno, pudieran ser aprobadas por la Junta de Gobierno. Y éste extremo, siendo funcional para la dinámica administrativa municipal, plantearía un escenario poco positivo, pues significaría, en mi opinión, que las cuentas que probablemente se aprobasen serían las únicas de la legislatura, un hecho que empobrece la propuesta de cambio que sustentó la investidura. No obstante, podríamos encontrarnos con una propuesta económica radicalmente diferente a las anteriores; una propuesta realmente de cambio, con la articulación de mecanismos previos de participación e incluso un cambio de paradigma: unos presupuestos sustentados en una propuesta colectiva, explicada y susceptible de control político y social. Podríamos encontrarnos con un presupuesto que realmente significase un cambio, con programas de empleo, bienestar social y promoción económica basados en conceptos como la equidad, como igualdad en la redistribución del producto final; solidaridad como compromiso de inclusión social y cultural etc. En éste hipotético caso, Esquerra Unida tendría que modular su exigencia, priorizando las necesidades frente a su legítima exigencia ética de conocer la gestión anterior.

No obstante, considero que es necesario que la ciudadanía conozca y tenga la información veraz necesaria sobre la gestión presupuestaria, y en ésto coincido con la exigencia ética de implementar una sólida política pública de información que propiciase un mejor y mayor conocimiento y por lo tanto, participación por parte de la ciudadanía, algo que posiblemente permita el progresivo emponderamiento social, elemento imprescindible en un nuevo escenario político donde ciudadanos y representantes se sitúen definitivamente en un mismo plano.