EXIGENCIA ÉTICA

La redundancia es una repetición de significados, quizá innecesario pues pretende expresar una idea ya expresada. En el caso de la auditoria solicitada por Esquerra Unida al Pleno, encontramos una redundancia de significados y significantes.

En el texto del acuerdo entre los diferentes grupos y partidos políticos que propició la investidura en la presente legislatura, en su punto 9 podemos leer:

"Hacer una auditoria pública para conocer la situación real de las cuentas del Ayuntamiento y facilitar información respecto del destino concreto de los gastos, al igual que se conoce el origen de los ingresos".

E 28 de enero de 2016, EUPV presenta la propuesta al Pleno municipal por primera vez. Y lo hace tras una salida abrupta del gobierno municipal. La coalición de izquierdas considera ( y consideraba en el texto de la moción presentada hace un año) que es una exigencia ética previa a la aprobación del nuevo presupuesto la fiscalización de las facturas pagadas por el gobierno que precedió al actual. Esta exigencia, absolutamente legítima, debe entenderse extendida igualmente al actual gobierno, del que Esquerra Unida formó parte, por lo que la propuesta debería, por lo tanto extenderse al año y medio del actual gobierno, a menos que Esquerra Unida considere que ha fiscalizado la acción económica-financiera de forma adecuada.

Dicho lo cual, y partiendo de la legitimidad de la propuesta y la corresponsabilidad del resto de grupos firmantes del acuerdo de investidura, la pregunta es, ¿ será aprobada la moción?.

Las respuestas del resto de grupos políticos fueron, de forma resumida y sintética ,en la línea de: "ya se está realizando a través de los mecanismos institucionales; que la auditoria paralizaría los pagos, la necesidad de respeto y confianza en la estructura burocrático -administrativa y la posibilidad de que la totalidad de representantes acceda a las facturas.

Es un hecho que la legislación vigente, contempla un compromiso con la fiscalización y el control, clasificándola en tres mecanismos concretos: control interno (intervención), externo (tribunal de cuentas) y político ( pleno municipal). No obstante, y al margen de la posible "depuración" de responsabilidades en pagos y gastos, la nueva dinámica de exigencia social añade un aspecto relevante: la información y la transparencia. Información en cuanto al destino finalista de los fondos públicos, y transparencia en cuanto al porqué y para qué o para quién. Y en esta cuestión, la actual administración está igualmente lejana que sus predecesores, dinámica que hipotéticamente venían a cambiar.

Al margen del debate en si de la auditoria solicitada, existe un hecho relevante, y este es el equilibrio político existente en la actualidad en la corporación. Si Esquerra Unida solo cuenta con e apoyo de Ciudadanos y la oposición del resto de grupos, difícilmente saldrá adelante, al igual que difícilmente saldrán adelante las cuentas municipales al existir, en principio, una exigencia previa de uno de los grupos que escenificaron el cambio en 2015.

En la actualidad existe un gobierno compuesto por Compromis, Grupo Socialista, Partido de El Campello y Demócrates. Todos ellos suman 9 representantes: faltan dos para sumar el apoyo suficiente que permita, en general, sacar adelante las propuestas de interés colectivo. En el caso del Presupuesto, ésta exigencia no se aplicaría al estar las cuentas municipales prorrogadas desde 2014, algo que permitiría que, pese a la oposición del Pleno, pudieran ser aprobadas por la Junta de Gobierno. Y éste extremo, siendo funcional para la dinámica administrativa municipal, plantearía un escenario poco positivo, pues significaría, en mi opinión, que las cuentas que probablemente se aprobasen serían las únicas de la legislatura, un hecho que empobrece la propuesta de cambio que sustentó la investidura. No obstante, podríamos encontrarnos con una propuesta económica radicalmente diferente a las anteriores; una propuesta realmente de cambio, con la articulación de mecanismos previos de participación e incluso un cambio de paradigma: unos presupuestos sustentados en una propuesta colectiva, explicada y susceptible de control político y social. Podríamos encontrarnos con un presupuesto que realmente significase un cambio, con programas de empleo, bienestar social y promoción económica basados en conceptos como la equidad, como igualdad en la redistribución del producto final; solidaridad como compromiso de inclusión social y cultural etc. En éste hipotético caso, Esquerra Unida tendría que modular su exigencia, priorizando las necesidades frente a su legítima exigencia ética de conocer la gestión anterior.

No obstante, considero que es necesario que la ciudadanía conozca y tenga la información veraz necesaria sobre la gestión presupuestaria, y en ésto coincido con la exigencia ética de implementar una sólida política pública de información que propiciase un mejor y mayor conocimiento y por lo tanto, participación por parte de la ciudadanía, algo que posiblemente permita el progresivo emponderamiento social, elemento imprescindible en un nuevo escenario político donde ciudadanos y representantes se sitúen definitivamente en un mismo plano.

LA SUSTANCIA DE LA DEMOCRACIA.

"La fuerza siempre está de parte de los gobernados". Estas palabras de Hume resume un sentimiento, una necesidad que se exige a la democracia. Pero ésta palabra tan repetida como recurso o argumento para exigir o reivindicar la legitimidad de las decisiones políticas ha concitado diferencias y discrepancias acentuadas por el incremento de las desigualdades y pobreza, presentándola como un instrumento inútil para garantizar la igualdad y la justicia.

Mandar significa movilizar recursos ( impuestos), y esa movilización requiere un consentimiento. El ejercicio del poder, como afirmó Weber, conlleva fuerza o persuasión, y no existe dominación sin consentimiento. La veracidad de la frase de Abraham Lincoln, en su famoso discurso de Gettysburg ( "la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo) ha perdido veracidad a lo largo de la historia y con el desarrollo de la democracia se ha "abandonado la idea de que el pueblo gobierna, asumiendo que, mediante la movilización el pueblo apoya o se opone a los gobiernos" (W.Lippman,1925).

La opinión pública, ese recurrido término, difuso e inconcreto, ha tomado cuerpo tras el estallido de la crisis financiera, cuestionando el sentido mismo de la democracia representativa por considerar que se ha reducido a un mero proceso formal de selección de "élites". Una parte de la sociedad exige una revisión a fondo del paradigma de la democracia liberal y una recuperación sustancial que recupere derechos económicos y sociales como fundamento y esencia del autogobierno moral. El sistema democrático liberal-representativo con componentes de republicanismo solo en el ámbito normativo ( una supuesta ciudadanía más activa con una ampliación de la participación y una cobertura de las necesidades básicas y otros derechos sociales y culturales cuya pretensión en origen tenía como objetivo la amortiguación de las diferencias de clase) es un mero recurso discursivo pero no un componente del sistema. Las deficiencias de la democracia representativa derivan de que el puro enfrentamiento de intereses privados limita la representación de los más desfavorecidos propiciando una atrofia del control popular, la perpetuación de estructuras de privilegios y el imposible intercambio de papeles entre representantes y representados.

Se exige una mayor participación pero la realidad es que ésta exigencia ciudadana no es generalizada : la sociedad civil es una realidad desestructurada por un sistema que ha "impuesto" un sistema de agregados sociales como forma de mayor y mejor control: los grupos sociales están siendo sustituidos y la opinión pública agregada se limita únicamente a las convocatorias electorales, único instrumento admitido por una estructura, todavía, eminentemente elitista, cuyo pragmatismo centra la relevancia en la traducción de la opinión pública en votos. Pero ésta ucronía ( visión apocalíptica del futuro) parecía tener una solución: las alternativas del cambio.

En el ámbito estatal surgieron voces que reclamaban otra política para otro sistema. Y éstas voces fueron recogidas, de forma práctica o retórica por algunos y combatida como claramente disfuncional por otros. Los que asumieron las reclamaciones sociales pusieron en practica unos mínimos principios de democracia directa que, pasado el tiempo les dejó de ser útil. En casos muy cercanos, la adaptación funcional al medio que venían a "cambiar" ha desdibujado los objetivos, convirtiéndolos en meros relatos simbólicos sin que hayan existido aplicaciones directas mediante políticas públicas concretas. El compromiso de "mejorar" la democracia ha dejado paso, de nuevo, a la "eficacia" en la gestión: la administración municipal sigue pudiendo ser definida como una administración de corte tradicional escondiéndose tras el difuso término de "interés general". La esperanza en un cambio se ha paralizado a causa de la limitación "weberiana": la política y la administración siguen siendo espacios separados, quedando al "margen" de la política de cualquier cambio la estructura burocrática, algo consustancial al cambio preconizado por suponer la administración al servicio de la ciudadanía y no como parece ocurrir en la actualidad.

Por otro lado, es necesario incluir en éste contexto una cultura política donde la actitud que prima es la de una ciudadanía mayoritariamente pasiva, mera receptora de servicios, donde la opinión pública queda restringida al ámbito discursivo ( privado), algo que beneficia a la aparentemente perenne estructura elitista.

La superación de la creencia de que a política es cosa de "políticos" es una premisa en un necesario proceso de resocialización política donde los partidos y organizaciones políticas sean el motor de un cambio que la sociedad espera y necesita por una cuestión meramente vital: su supervivencia como sociedad colectiva donde la deliberación conjugue intereses colectivos con individuales sin negar conflictos, pero apelando al consenso social en torno a ese viejo pero necesario principio de a política: el bien común.

El análisis de lo que pasa o debería pasar debe partir de un marco conceptual, pues de lo contrario se continuará ignorando e incluso despreciando las opiniones contrarias suscribiendo solos las coincidentes, en una clara patología social que seguirá propiciando redes clientelares y sectarias que vacían de contenido sustancial un sistema que, incluso en lo más cercano, debe garantizar derechos sociales y libertades políticas, sin limitar la democracia a los rituales cuatrianuales.