miércoles, 2 de agosto de 2017

INSTITUCIONALIZACIÓN



Este proceso, teóricamente debería partir, no de la voluntad del sujeto o sujetos, sino de un proceso coercitivo a través del cual las situaciones "informales" se transforman en funcionales pero, ¿para quíén?. Si nos referimos a la administración y a lo que a muchos cargos electos les ocurre, la conclusión es que se da una confusión entre el necesario conocimiento de los procedimientos y trámites con una adaptación a un medio que no es, ni el propio ni el adecuado pues las urnas designan a "altos funcionarios" sino a representantes de valores, ideas, intereses, ideologías, etc.
El proceso de adaptación que se produce parte del interés de los grupos que, dado su estatus orgánico, adquieren la posibilidad de ejercer algún tipo de coerción sobre los representantes electos: bloqueo, retraso, etc. a través de su actividad administrativa. Esta es otra forma de institucionalización forzada por la propia estructura.

Las opiniones tecnocráticas, osea, aquellas que consideran que la preparación de los representantes políticos no tienen la formación adecuada y, por consiguiente debería existir un filtro académico, olvidan que el conocimiento técnico no esta exento de ideología. Esto ocurre con las estructuras administrativas y técnicas: no están exentas de ideología. El o la técnico tiene la posibilidad de dirigir la acción política a través de su trabajo: permitir o no, interpretar la legislación en función no de las posibilidades en su aplicación sino de sus propios intereses o incluso creencias. La conclusión es que la "tecnocracia" no es aséptica, pues los que la aplican tienen intereses, creencias, etc. o lo que es lo mismo: los que vigilan que la ley se cumpla, los que deben velar porque las actuaciones se ajusten al procedimiento tienen la capacidad de "hacer política" a través de los representantes políticos, máxime si éstos se institucionalizan.

Tenemos dos ejemplos que pueden servirnos. El primero, el asunto sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento ( osea, a todos) a abonar 1,3 millones de euros a una empresa inmobiliaria a causa de una decisión adoptada en la Junta de Gobierno, en función ( como así afirma sin sonrojarse el portavoz del PP) de "informes técnicos". Igualmente, un informe técnico ha propiciado que se rechace la aprobación de un reglamento destinado al personal, no porque no se ajuste a ley ( la sindicatura de cuentas pedía su elaboración), sino por motivos diversos, entre ellos, proteger la actual percepción de las "productividades fijas y periódicas " (así las denomina la técnico que elabora el informe) frente a cualquier cambio. Podríamos seguir con informes técnicos que ha propiciado quiebras de convenios firmados, pago de indemnizaciones, etc. Entonces, ¿los informes técnicos no sirven para nada?. Al contrario: los informes técnicos son el fundamento de que la administración se ajuste a la legislación vigente, pero éstos, no son ni infalibles ni incuestionables: l fin y al cabo, los que los suscriben son personas, con vivencias, pulsiones, ideas y, por supuesto, ideología.

La cuestión es que, la ciudadanía no elige a los representantes políticos para que se "adapten" a una estructura que, por principios es conservadora. la elección se hace en base a un programa, a unas preferencias, a la defensa de unos intereses. Cuando se produce ( como en mi opinión, es el caso) un proceso de adaptación casi simbiótica, se pierde la perspectiva que la democracia atribuye al representante electo.
La reversión de ésta situación es un paso fundamental para el cambio de paradigma que la administración, sobre todo la local, precisa. El paradigma técnico y admnistrativo debe ser sustituido por el político: repolitizar las instituciones es un objetivo fundamental, pues seguir dejando el devenir de un pueblo en manos de una opinión técnica casi en exclusiva es vaciar de contenido la democracia y, en el caso de los gobierno de cambio, traicionar la voluntad de los que agregaron su voto para que la derecha saliese del gobierno.

domingo, 30 de julio de 2017

PRODUCTIVIDAD.



"Santa wikipedia", dice de la prductividad:La productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. En el caso que nos ocupa, es difícilmente aplicable ya que estamos hablando de la administración pública, y por lo tanto los objetivos son, sobre el papel, la eficiencia en la prestación de servicios, la agilidad en la resolución de procedimientos administrativos, etc.
El concepto retributivo variable de la productividad viene recogido en diferentes leyes: la 30/84 de 2 de agosto, el Decreto ley 861/1986, el Estatuto Básico del Empleado Público, etc. Pero, aunque parezca paradógico no voy a analizar la percepción de ésta retribución en la administración local de nuestro municipio, sino el trasfondo político, que lo tiene.
El pasado 27 de julio, el Pleno municipal desestimó con los votos de toda la oposición y sólo el voto favorable del "equipo de gobierno" ( equipo de gobierno, que pese a la insistencia en que parezca una unidad, está compuesto por diferentes formaciones políticas, con diferentes programas y diferentes planteamientos que, en democracia, representan las diferentes opiniones, intereses y valores así como programas electorales). Sorprendentemente, quien inició el proceso de "desnaturalización" de éste complemento retributivo, el Partido Popular, votó de forma negativa a un reglamento que, en principio, venía a "poner orden" a un cierto desorden (creado inicialmente por ellos mismos). Ciudadanos y Esquerra Unida también votaron en contra, y el informe de intervención tuvo mucho que ver en la decisión ( sobre el informe, seguiremos hablando en próximos artículos, ya que merece un análisis pormenorizado y singular).
La cuestión es que,  la Sindicatura de Cuentas, en su informe sobre la gestión de 2015 apuntaba la necesidad de dotarse de un reglamento de productividad del que hasta ahora carece la administración local. Pero la Sindicatura no conoce la totalidad de los datos, pues si así fuera, su actuación y su exigencia habría sido otra bien diferente. Finalmente, el Alcalde reconoció de forma explícita que el objetivo era cumplir el requisito de la Sindicatura y no, como otros entendieron, "regularizar" la percepción del complemento de productividad.
Pero, ¿porqué, pese a la inexistencia de mayoría suficiente para su aprobación, el Alcalde, como único portavoz del gobierno municipal decidió que el punto se votaría?. He aquí la cuestión política que motiva ésta reflexión.
En mi humilde opinión, y pese a la retórica utilizada por el Alcalde en su "análisis" sobre el ecuador de la legislatura, la situación creada por el PP en 2007 no ha variado, al contrario: se ha multiplicado exponencialmente. Las "dinámicas" de las que habla el Alcalde, como uno de los "logros" de su gestión, no han variado, se han multiplicado. El PP en 2007 creó un problema, y el actual gobierno se ha dedicado, no solo a gestionar el problema sino a incrementarlo ( solo hay que ver la evolución de la partida destinada al complemento de productividad desde aquel año hasta la liquidación de 2016).
En un principio, la presión ( por ser correcto) de un grupo de funcionarios al Alcalde Juan Ramón Varó, propició, no solo nombramientos al margen del procedimiento establecido, sino la asignación de una cantidad fija, periódica y por grupos, algo que la normativa vigente impide explicitamente.
Como señalaba en un artículo anterior, la administración sufrió cambios importantes, siendo los de mayor calado los desarrollados entre 1985 y 1995, con el Secretario municipal Vicente Boix al frente de la estructura administrativa. La transformación de una administración pequeña, poco profesional en medios y recursos, y desajustada en el cumplimiento de las incipientes normas que nacían junto a la democracia, fueron un hecho, pero la llegada de la derecha al gobierno en 1995 propició un retroceso que junto al desproporcionado crecimiento de determinadas estructuras, condiciona en si la prestación de servicios de forma eficiente. La imagen que la ciudadanía sigue teniendo es que, el problema de éste pueblo, es la administración. La cuestión ahora es, ¿Cómo se soluciona ésto?, ¿Cómo se recupera el tiempo perdido en la modernización y adaptación de la administración a la sociedad a la que sirve?.
En un segundo artículo intentaré presentar datos, basados todos ellos tanto en las liquidaciones presupuestarias como en el informe de la Sindicatura y el último informe de Intervención para seguir aclarando una situación que, irremediablemente debe llevar a la administración hacia un punto de inflexión: seguir siendo el problema o intentar mejoras.

sábado, 29 de julio de 2017

HAY QUE MORJARSE...


El Pleno municipal es el foro donde se debaten, con luz y taquigrafos ( con su acta correspondiente y, afortunadamente, en directo a través de internet) los asuntos de interés general. Es, el poder"legislativo" ( el Pleno municipal tiene potestades reglamentarias, por lo que de forma simple podría servirnos la figura para plantear el escenario de división de poderes) o con mayor ajuste a la realidad, el poder representativo de la totalidad de la ciudadanía. Aquí, el ejecutivo municipal tiene que jugar con su principal debilidad: la minoría. Por ejemplo, en la anterior sesión plenaria, el gobierno municipal retiró el Proyecto de explotación del complejo deportivo y piscina porque para su aprobación precisaba de mayoría absoluta. En la sesión ordinaria del 27 de julio, el punto se aprobó tirando de lo que podríamos llamar "ingeniería institucional". Para que todos lo podamos entender: el gobierno municipal en minoría llevó nuevamente el punto a la sesión plenaria y aprobó el proyecto con los votos del gobierno municipal ( 9) y dos votos "prestados" por el PP. Total, mayoría.
Por lo que se expuso en la sesión plenaria, el informe elaborado por una empresa externa ( 18.000 euros) plantea las condiciones mínimas, así como organizativas ( personal y sus remuneraciones) para iniciar la elaboración del pliego de condiciones para la explotación del complejo deportivo: un mínimo de 12 años ( según el pp la empresa precisaría de un período más largo para amortizar la inversión), 1.600 socios y una cuota media de 45 euros para unos gastos de aproximadamente 800.000. En el pleno se pudieron comprobar, no solo las dudas sobre el número de socios, o sobre la no inclusión de bonificaciones en el proyecto de explotación ( algo que, si se incluyen definitivamente en el pliego, incidirá en la cantidad total de ingresos sin lugar a dudas, por lo que se crea una nueva duda sobre su viabilidad), sino sobre el modo de gestión que ha sido el elegido por el gobierno municipal y, de forma explícita, por la gran mayoría del pleno excepto Esquerra Unida.
Sobre la forma de gestionar este o cualquier servicio público, existe el debate sobre lo público y lo privado. En éste debate existen experiencias municipales de gestión indirecta a través de empresas, consorcios, patronatos o empresas municipales, extremo que no ha sido valorado por los gestores públicos en éste caso. Igualmente, la gestión a través de la concesión administrativa tiene diversas formas: gestión por empresa privada, gestión privada condicionada a su carácter social ( cooperativas), etc. Como se puede ver existen diferentes concepciones para la gestión de lo público, aunque es necesario decir que, en éstos momentos, con las limitaciones legales impuestas por el estado (control presupuestario, limites en la tasa de reposición de jubilaciones y práctica imposibilidad de crear plazas parece ser que la única vía posible para la apertura de la instalación y así dejar de pagar el mantenimiento de una instalación cerrada es el concurso público.
Creo que la administración local ha pecado, una vez más, de falta de previsión al dejar la cuestión de la gestión para el último momento. Esto, aunque no lo parezca en principio, es un nuevo "legado" del PP, que se embarcó en una obra a todas luces desproporcionada para las posibilidades reales de nuestro Ayuntamiento, aunque hay que decir, que con la beneplácito de todos los representantes políticos que no plantearon, más que de forma teórica ( por parte de Esquerra Unida) la gestión pública sin concretar el cómo. Era necesario que al tiempo que se desarrollaba el proyecto, se hubiese acometido un estudio sobre la forma de gestionar la nueva instalación; sobre las necesidades de personal; los programas que se pondrían en marcha; la política de bonificaciones y sectores prioritarios. Y era necesario para así poder barajar diferentes alternativas a la gestión privada, que como todos sabemos, y es la lógica empresarial, busca beneficios económicos más allá de prestar un servicio.
Esperemos que la piscina e instalaciones anexas no supongan un nuevo agravio a las arcas municipales una vez abierta, al igual que otras instalaciones que solo funcionaron en la mente de algún político avalado por no se sabe que criterio técnico.
Existían alternativas, pero parece ser que la corporación no cree que más allá de la concesión administrativa hayan otras vías de gestión que garanticen, tanto cubrir mínimamente costos, como asegurar la prestación de un servicio de calidad, que en definitiva creo que es el objetivo.

lunes, 24 de julio de 2017

LA ADMINISTRACIÓN (CUALQUIERA, PERO SOBRE TODO, LA NUESTRA)

La administración, así a lo bruto, nos presenta una imagen macro que engloba a todo el complejo entramado burocrático estatal, autonómico y local. Mi interés es analizar aunque sea de forma superficial, el desarrollo de la administración que más cerca tenemos y que, pese a los esfuerzos de muchos para presentarla como algo ajeno, ni lo es ni lo debe ser, pues es el instrumento más directo para que la política sea lo que la democracia necesita como revulsivo: más democracia.
Los "mayores" recordarán el Ayuntamiento franquista en nuestra localidad. Mínimo en sus servicios y reducido en sus medios. Arbitrario y poco profesional donde el estatus económico, social e incluso las creencias personales condicionaban el trato con la administración y, por consiguiente, la atención a los problemas y necesidades. Una administración que velaba por los intereses de los grupos pudientes sin ningún pudor al no existir normas legales que obligasen a un procedimiento justo. Esa administración "antigua", fue progresivamente sustituida por una administración más numerosa y profesional. El gran merito organizativo, en mi opinión hay que atribuirselo a la capacidad de un profesional que dirigió la secretaría municial en la década de los ochenta y mediados de los noventa: Vicente Boix. Catedrático de derecho administrativo y una persona con un compromiso inequívoco con el servicio público y, sobre todo, con la modernización de la administración. Aquel momento de cambio que propició la primera década de democracia impulsó la profesionalización y diversificación tanto del personal como de los servicios públicos: más infraestructura ( principalmente socio cultural y educativa), más profesionales de la administración y mayores recursos que colocaron a la administración local al nivel de otras administraciones.
Este recorrido histórico acaba practicamente en el inicio del gobierno de la derecha a mediados de los noventa del pasado siglo. No obstante, la consolidación del estado de derecho y de una administración donde los procedimientos y gestiones estaban plenamente institucionalizados impidió la quiebra de la estructura administrativa: se pasa de una organización racional a una actuación donde prima la irracionalidad. El ingente incremento de personal técnico al albur de la burbuja inmobiliaria, junto a la arbitrariedad en la concesión de remuneraciones complementarias sin criterio claro y de dudosa legalidad, transforman la incipiente ética del servicio público en un conjunto de reivindicaciones personales en conflicto desde un sentimiento ajeno a esa ética, donde se considera el servicio público como un mero empleo sin compromiso. Esta situación choca con el carácter general de una derecha que considera, genericamente, a la administración como un instrumento pesado y lento, necesitado de mecanismos empresariales para mejorar su funcionamiento. Únicamente en lo que respecta a la externalización de servicios se puede observar el carácter neoempresarial. Frente a ésta dinámica, no ha existido más que de forma retórica ( a las pruebas de los dos años de gobierno de coalición me remito) un discurso pero no una práctica neopública. No se ha cuestionado la clientelización ( cliente, en términos empresariales) de la administración, se sigue considerando (excepto en el discurso) al ciudadano como mero receptor de servicios y contribuyente, y la democracia, tal y como Shumpeter la definía como un "mero instrumento de selección" de personal político.
Ya en 1991 la OCDE en un reconocido informe afirmaba que existía un consenso en las democracias occidentales en torno a la idea de que había que avanzar hacia una "administración al servicio del público". Las administraciones debían ser receptivas: mayor accesibilidad, comprensibilidad y transparencia, así como mayor diligencia en la solución de problemas a través de políticas públicas diseñadas de forma participativa.
La necesidad de acercar la administración a su objeto ( que no es el procedimiento, sino la ciudadanía), a través de las nuevas tecnologías pero sobre todo, a través de una serie de códigos éticos positivos de obligado cumplimiento por el cuerpo administrativo, junto a la superación del paradigma neoliberal de "eficacia preheminente de lo privado frente a lo público", son algunos de los componentes del debate que se debería estar produciendo en el ámbito de las administraciones, pero sobre todo y por lo que nos afecta, en nuestro Ayuntamiento. ¿Porqué?. Simple y llanamente porque así lo expresaron una mayoría plural de ciudadanos y ciudadanas en las urnas. ¿Lo hemos olvidado?

sábado, 15 de julio de 2017

EXIGENCIAS DEL GUIÓN

Aunque en apariencia la actuación del actual gobierno en minoría parezca una mera continuación ( con sus aciertos y errores) de lo que ya se venía realizando, creo que existe un guión; un objetivo tácito al menos en algunos de sus actores. Mi intención no es juzgar esas intenciones, sino simplemente plantear una hipótesis basada en la mera observación.

Como ya he planteado en algún momento y lugar, el hecho inicial de que la formación política a la que electoralmente le correspondía liderar el nuevo gobierno de coalición que emanó de las urnas en mayo de 2015 fue un anacronismo. Bien es cierto que las diferencias en número de votos no fue tanta, pero en otros municipios este hecho, por insignificante que pueda parecer, si supuso un elemento que se tuvo en cuenta a la hora de estructurar los nuevos gobiernos municipales plurales y de coalición. Este hecho parte, en mi opinión de dos factores. En primer lugar, de un sentimiento anti PSOE subyacente en los potenciales socios, y en segundo, aunque unido al primero, la necesidad de sumar los suficientes apoyos frente al PSOE para lograr lo que jamás se había podido imaginar: obtener el poder municipal ( y cuando hablo de poder no me refiero solo al gobierno, sino a la figura simbólica, política y administrativa con mayor poder: la Alcaldía).
Efectivamente esta conjunción de intereses se dio, y contó con la aceptación explícita de dos actores. Uno ( Esquerra Unida) que se unió al acuerdo interno anti PSOE tanto por convicción histórica como por un cierto "buenismo" ( no romper el acuerdo respetando una mayoría interna). El otro actor fue el PSOE, que tras unos resultados claramente desilusionantes y pese a ser la segunda formación política, no podía impedir la formación de un gobierno alternativo, pues esto hubiera supuesto el definitivo punto de inflexión en su retroceso electoral.
Las exigencias del guión, básicamente dispuestas por dos de los socios ( que también lo son a nivel nacional y autonómico: Compromís y Podemos, con su marca blanca local), requería igualmente dos cuestiones. La primera, prescindir de un socio "incómodo" como era Esquerra Unida. Y la segunda, aunque incomprensible dadas las nuevas e inevitables dinámicas negociadoras actuales, empujar a Ciudadanos hacia el PP. Con la primera, lograba hegemonizar el gobierno municipal del "cambio" basado más en el carácter personal de algunos de sus miembros que en una agenda política real. Con la segunda, y repito, a la vista de como se desarrollan los acontecimientos, incompresible en su momento, logra un objetivo que no se muy bien si se tenía previsto: arrinconar nuevamente a Esquerra Unida como elemento discordante "alejado de la realidad" y, por consiguiente, necesario pero prescincible.
El papel secundario le correspondió a un PSOE desdibujado electoralmente que tenía ( y tiene) la necesidad, por un lado, se coherente con el acuerdo de investidura, y por otro, demostrar que no solo tenía la disposición de apoyar desde la oposición, sino el compromiso de asumir responsabilidades. en mi opinión ( quizá poco objetiva, claro) quien ha demostrado su compromiso con el cambio ha sido el PSOE. La cuestión, al margen de esa muestra clara de compromiso, es la, en mi opinión, necesidad de recuperar al PSOE como una alternativa viable y posible, para lo que se requeriría, siguiendo con la lealtad al acuerdo de investidura, un esfuerzo por concretar las políticas propuestas por los socialistas, una apertura hacia la sociedad rompiendo la institucionalización sufrida por sus socios, una apuesta por la democracia y la transparencia y, definitivamente, un plan de comunicación que propicie una visibilización más clara y concreta, tanto del papel de la organización como de las personas que la representan más allá de las responsabilidades de gestión: en el ámbito político y social.
Y evitar esto, forma igualmente parte de ese guión establecido donde el protagonismo es para el "líder" del gobierno de coalición ( gobierno de coalición que el se ocupa de vender como unitario y no partidario, como si esto último fuera un demérito en un sistema de democracia plural). Por lo que la dificultad se convierte en problema: cómo hacerlo (por parte de los y las socialistas) sin ser acusados de desleales y, por lo tanto ( y en ese discurso de la post política, de casi "quintacolumnistas") acusados de ser quien entregue el gobierno nuevamente a la derecha.
Sobre el acercamiento a Ciudadanos, simplemente expresar mi sorpresa. Las relaciones con esta formación nacida en las elecciones de 2015 había sido algo más que truculenta. No obstante, y pese a que personalmente consideraba que la estrategia política estaba basada únicamente en el personalismo ( fundamento tanto de la expulsión de Esquerra Unida como del cese, por ejemplo, de la asesora del otrora concejal de Democrates y hoy miembro de los no adscritos), se me ha demostrado que no; que existe igualmente una estrategia, aunque no creo que se trate de reconocer que, siendo la nueva derecha, una forma de desmontar a la vieja es dar relevancia a una organización que, aunque pese, representa a un número mayor de ciudadanos y ciudadanas que, por ejemplo, individualmente Compromís o Podemos, con su marca blanca local.
Y termino. Mi preocupación, al margen de observar que la retórica vacía, material imprescindible en la construcción de un relato partidario, ha sustituido a la acción política, a la planificación, a la elaboración de una agenda claramente diferenciadora del nuevo período, es ver que el partido en el que milito no parece valorar su papel, no ahora, no en la actual coyuntura, sino en un medio plazo, en el que irremediablemente tendremos que ponernos ante la ciudadanía...¿Con qué argumentos?, ¿la lealtad a un acuerdo?. Creo que nuestra historia, nuestros valores y principios y, por ende, nuestra organización tiene un papel todavía importante como para dejar que otros, sin programa, sin propuestas y con un alto grado de ambición, vengan a apropiarse de un espacio que hemos ocupado por nuestras ideas y nuestro trabajo. Es cierto que las circunstancias generales y locales sumadas han dado como resultado una perdida de confianza por parte de la ciudadanía, pero una posición de izquierda moderada, respetuosa con la institución, dialogante y posibilista es hoy más necesaria que nunca, si no, tiempo al tiempo.

LA FORMA "A 38"

No puedo evitarlo: soy fan de Asteris y Obelix. Los aguerridos galos que resisten al imperio romano en un pequeño rincón de la Galia, se enfrentan a doce pruebas pensadas por Julio Cesar para evaluar si son o no dioses. En esta película, que fue estrenada en 1976 en Francia (René Goscinny y Albert Uderzo) , en su prueba número ocho, se presenta a los dos famosos galos, el reto de conseguir (como dicen) "un mero trámite administrativo" en una administración romana. Aconsejo su visualización para así poder comprobar el nivel de coincidencia que muchos y muchas puedan tener con lo que se expone en el capítulo citado.
La cuestión es que, aparentemente, la administración ha cambiado poco o muy poco respecto a la que se presenta en la famosa película de dibujos animados. La burocracia, fruto de la transformación legal racional de la vieja, poco profesional y discrecional administración supone, en el contexto de principio de siglo, un avance de gran importancia. Pero las cosas han cambiado. La dinámica de la sociedad ha superado la racionalidad administrativa y, de forma mayoritaria pide, de forma tácita o explícita otra forma donde las personas sean tratadas como tal y no como meros números. Esta transformación a la que me refería respecto a la vieja (poco profesional y discrecional) administración, se retrasa en nuestro país "gracias" al franquismo. Con la transición a la democracia, uno de los principales retos es la modernización de una estructura administrativa creada de forma deliberada para no gestionar y para defender los intereses de los poderosos y adeptos a la dictadura. Se produce la "revolución" (que M.Weber definió como parte del poder legal racional) en la administración pero las carencias siguen siendo importantes pese al esfuerzo, tanto en profesionalización como en normas, reglamentos y leyes que igualaban sobre el papel a cualquier ciudadano.
En nuestro pueblo, la transformación de aquella vieja administración franquista corresponde a las primeras corporaciones democráticas. Es necesario resaltar que la administración dirigida por el PSOE ( con un lapsus de cuatro años del PSI) asumió el enorme reto de modernizar una administración atrasada y en absoluto en consonancia con el desarrollo socio económico y cultura de El Campello. Y no solo el esfuerzo de modernización, sino en la dotación de infraestructuras y la multiplicación de servicios.
La llegada, en el año 95 de la derecha al poder, supuso ( en mi opinión) un importante "impulso" cuantitativo a la administración, pero por su nivel superior. El número de técnicos se multiplicó, se creó la figura de los asesores, etc. Pero un hecho fue relevante: la administración municipal, dirigida hasta esa etapa por la carismática figura de Vicente Boix ( artífice de la definitiva adaptación de la administración local a los tiempos, con un escrupuloso respeto a la ley) fue, y voy a decirlo sin tapujos, subvertida: se puso a disposición de los intereses del partido gobernante.
No voy a extenderme en el cómo, pero los resultados están ahí ( creación de élites internas definidas por nuevos estatus económicos de dudosa legalidad, incremento exponencial de los servicios extraordinarios en detrimento del empleo público directo o indirecto, obras, convenios y acuerdos que a día de hoy todavía se está pendiente de conocer el impacto que las "indemnizaciones" tendrán para las arcas municipales, etc).
El principal reto con el que, sobre el papel, se iba a encontrar la nueva corporación era reajustar la administración a los nuevos y más exigentes tiempos. Desmontar el entramado burocrático-político, normalizar y adecuar la administración a las exigencias de mayor transparencia y democracia, en definitiva, acercar la administración a una ciudadanía cuya visión de la misma era meramente recaudatoria. Pero el balance, pese al optimismo del Alcalde actual, es poco esperanzador. Cuanto éste habla de "cambio de dinámicas" la pregunta que se suscita inmediatamente es: ¿a qué dinámicas se refiere y cuales han sido los cambios?. Las élites siguen existiendo, el sentimiento de la ciudadanía sigue siendo esa visión de mero instrumento recaudatorio, una parte de los fondos que pudieran emplearse en crear bienestar siguen empleándose en servicios que, más allá de lo extraordinario son estructurales, etc. Entonces, ¿a qué tipo de dinámicas se refiere el Sr. Alcalde?.
Demasiados "tics" se siguen repitiendo como para vender una agenda claramente continuista, donde la capacidad de adaptación ( a la que también se refiere el Sr. Alcalde) de los cargos políticos ha sido en la línea de una "institucionalización" que les ha separado de aquellos elevados objetivos que dijeron defender en la campaña previa a las elecciones de mayo de 2015 y que la ciudadanía apoyó en espera de un cambio que no ha llegado.

viernes, 14 de julio de 2017

¿Y, EN 2019 QUÉ?

Las manifestaciones realizadas por el Sr. Alcalde de El Campello sobre el alto nivel de acuerdo en el gobierno plural es una buena noticia. La cuestión es, no ya el nivel de acuerdo, sino en qué se está de acuerdo, algo que, al menos la ciudadanía no tiene del todo claro. Pero la cuestión que me gustaría abordar no es el contenido, sino el continente.
El marco conceptual, en nuestra democracia, lo establece la Constitución del 78, que en su artículo 6 expresa que "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y son instrumento fundamental para la participación política".Puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto: en una comunidad organizada, se dan diversidades ideológicas, de intereses y valores, diversidad que, en nuestro marco institucional basado en la soberanía popular y la libre competencia electoral se expresa y refleja en las personas que representan a la sociedad. De nuevo, parece obvio que son los partidos políticos los que transforman el pluralismo social en pluralismo político, y los que, en su condición de mediadores entre la sociedad civil y el Estado, tienen la obligación de expresar el pluralismo político en las instituciones. De ahí que, congratulándome del nivel de acuerdo, me preocupa ese relato sobre una "superación" de la acción de los partidos como hecho relevante que da, respecto a otros gobiernos plurales, un carácter diferenciador.
No se puede practicar la comparación con otros gobierno de coalición o plurales ya que en éstos gobiernos, la lógica electoral primó sobre el interés partidario, algo que no ocurrió en el caso de El Campello dada la unidad de acción anti PSOE que privó a la segunda opción electoral del protagonismo que la ciudadanía expresó en las urnas ( escaso el margen, pero existente).
El intento , a través de poner en valor el nivel de consenso, de "anular" a los partidos participantes tiene, en mi opinión, su origen en un claro intento de hegemonizar la imagen del actual gobierno por parte de la cuarta fuerza política en las elecciones de mayo de 2015.
Dentro de aproximadamente dos años, los diferentes partidos tendrán que presentarse ante la ciudadanía para ser evaluados en el cumplimiento de sus compromisos. Evidentemente, la estabilidad es un elemento a poner de relieve pero, ¿ y los compromisos que los partidos plantearon en la campaña electoral?.
El actual escenario municipal, en cuanto al gobierno se refiere presenta unos rasgos que deben ser analizados en el contexto de un gobierno en minoría donde dos partidos presentan una confluencia expresa: Compromís y Podemos ( en el caso del El Campello PDC). Demócrates ha quedado invalidado como opción política jugando, en todo caso, un mero papel individual de sustento del actual gobierno. Por otro lado está la formación que fue soporte de la investidura y que fue excluida del gobierno municipal ( EUPV) la cual, pese a que en el ámbito autonómico y estatal, forma parte de una confluencia de partidos, en el local no parece que vaya a ser así. Por último, el caso del PSPV-PSOE, que pese a quedar excluido, siendo la segunda fuerza electoral, del protagonismo que la ciudadanía expresó en las urnas, apoyó durante más de un año al gobierno en minoría, demostrando un claro compromiso, más allá de intereses partidistas, con el proceso de cambio. Su decisión de participar activamente en el gobierno demuestra, no solo ese compromiso, sino un paso más allá para con la estabilidad del gobierno. No obstante, este hecho incuestionable que pone de relieve, como decía, el compromiso con el cambio, no fue suficientemente explicado, máxime si consideramos que no se produjo un retorno al acuerdo original de Esquerra Unida, lo que habría tenido sentido al recuperar la mayoría institucional.
La dificultad en la que se encuentra el PSPV-PSOE es dilucidar si, además de la estabilidad, tiene algo más que decir como organización política que ha gobernado éste municipio con mayoría absoluta y que sigue siendo una opción relevante para una parte de la ciudadanía. La pregunta sería, ¿quiere seguir siéndolo?. Si la "institucionalización" (nueva institucionalización con repetición de tics y actitudes) no se ve compensada con una clara apuesta por sacar adelante el programa electoral, con lealtad al consenso pero sin renuncia a las propuestas propias, y un esfuerzo porque su aportación se visualice, el PSPV-PSOE tendrá un complicado futuro: o ser muleta o ser protagonista activo.

domingo, 2 de julio de 2017

DECISION POLÍTICA

   Una decisión política va a costar a las arcas municipales 1,3 millones de euros. La decisión del gobierno del PP, defendida por su portavoz, se basó en informes técnicos, decisión que ahora los tribunales han fallado, condenando al Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, a todos y todas los y las campelleros y campelleras, a destinar más de un millón de euros a indemnizar a una empresa que supuestamente tenía que ceder el parque central como compensación por la urbanización de la UA13.
   Esa cuestión pone de relieve la preponderancia en la toma de decisiones, de los diferentes departamentos técnicos. Y esa preponderancia es la que, en éste ( y en otro casos que vendrán, como es el asunto del parking de la Avda Els Furs) va a costar un dinero que podría destinarse a otras políticas. La cuestión es que, como no puede ni debe ser de otra manera, la actividad política está sujeta al cumplimiento de la ley, y ahí es donde los diferentes departamentos técnicos tienen su cometido principal. No obstante hay una cuestión que debería provocar una reflexión: los técnicos son personas con un bagaje cultural pero también ideológico, que pueden estar tentados de, en vez de realizar una labor puramente técnica, abstrayéndose de orientar ideológicamente su criterio, exponerla en los informes ya sea de forma tácita o explícita. Y ahí es donde entra la política.
   El hecho no es una cuestión menor y debe suponer un análisis por parte de los representantes públicos sobre la definición y el carácter de la administración, no como fín en si  misma, sino como medio para mejorar ( no gestionar solo) la vida de la ciudadanía.
   El proceso de transformación que la administración pública sufrió a lo largo del siglo 20 estuvo marcada por la burocratización como proceso racional de superar la discrecionalidad de una administración antigua y poco profesionalizada. Pero la administración pública de corte tradicional burocrática se ha alejado de su principal función en una sociedad cada vez más exigente, principalmente con los representantes públicos. Por lo tanto, es necesario revisar la tecnocratización de la administración que condiciona, no solo legalmente sino políticamente la toma de decisiones e iniciar una transformación donde las personas dejen de ser meros contribuyentes y avancen en ciudadanía: la administración tradicional consiguió superar la discrecionalidad de una administración antigua más preocupada por contentar a determinados sectores en función de su estatus económico, logrando una indiscreccionalidad donde era indiferente la procedencia de las personas pues todas estaban sujetas al mismo proceso administrativo ( basado en la ley). Pero el "no conocer el nombre" de las personas fue positivo, pero hoy es una demanda de la ciudadanía: que la administración me atienda sabiendo quien soy, que quiero y que necesito. Y en esta nueva situación, la democratización de la administración, facilitando el acceso a colectivos y nuevos actores en la toma de decisiones debe ir acompañada de una pluralidad de opciones no definidas por una sola decisión técnica: la adecuación de esa ecuación debería ser, principalmente basada en el problema y las soluciones consensuadas entre agentes sociales, representantes públicos y, como es el caso, entidades privadas ( ¿porqué no se negoció con la empresa urbanizadora para resolver las deficiencias y se atendió únicamente a un informe técnico?)
   Quizá esas "dinámicas" que el Sr. Alcalde dice haber cambiado, no han variado tanto, siendo las mismas instituidas bajo el mandato del partido popular: clientelismo basado en prebendas económicas. Quizá no han cambiado tanto y se precisa un estudio de mayor profundidad y contenido que realmente analice cómo es la administración y hacia donde quiere ir. Quizá éste esfuerzo, que aunque políticamente no es un argumento inmediato para pedir el voto, sea un acto de responsabilidad necesario que a medio y largo plazo evitará que se produzcan situaciones como ésta.
   Por último, simplemente plantear la necesidad de iniciar un proceso de investigación siguiendo el procedimiento administrativo: abrir un expediente para dilucidar quién y qué responsabilidad recae sobre políticos y técnicos. Pagar es una obligación establecida por un tribunal, pero la responsabilidad de saber porqué se tomó y quién la incentivó es algo sobre lo que no puede pasarse sin más.

TOTUM REVOLUTUM

         Según el Alcalde de El Campello ( Compromís, cuarta formación política en las elecciones municipales de mayo de 2015), uno de los valores del gobierno municipal es que "  hemos sabido dejar a un lado las acciones partidistas por tener una visión común en la que todos los partidos estamos de acuerdo en un 90%." Estas manifestaciones pueden ser leídas en función de diferentes variables, pero no debemos olvidar que una de ellas, independiente de la voluntad del Sr. Alcalde es, que nuestro sistema democrático tiene su fundamento en los partidos políticos, y éstos, dentro de poco más de dos años tendrán que volver a ponerse ante los votantes para ser evaluados.

         Evidentemente, lo que supongo que el Sr. Alcalde desea resaltar es ese alto porcentaje de acuerdo, aunque ante esto, una cuestión de orden: ¿acuerdo, sobre qué?. No es una pregunta capciosa, lo aseguro. Únicamente tiene una intención explicativa: cuales son las políticas sobre las que se está de acuerdo, cual es el contenido de esa agenda que resume ese alto nivel de consenso.

         La cuestión es que, como decía, en  2019 los diferentes partidos tendrán que ser evaluados por la ciudadanía y, evidentemente, el presunto relato de unidad perderá consistencia, pues la lógica electoral indica que, a excepción de Compromís y Podemos ( o su marca electoral en El Campello: PDC) que aparentemente concurrirán en coalición, y del extinto Democrates-Els Verds, que han desaparido como tal, al pasar su único concejal al grupo de no adscritos, tanto el PSPV-PSOE como EUPV se presentarán de forma autónoma. Respecto a EUPV podrían existir ciertas dudas en el ámbito local, aunque no en el autonómico. En el local, las relaciones se rompieron al salir ( o ser expulsado más bien) del acuerdo que propició la investidura, y no se observan indicios de que pueda recuperarse la participación de Esquerra Unida en el gobierno ( participación que el Sr. Alcalde cierra al afirmar que: " decir que el equipo de gobierno nunca ha cerrado las puertas a Esquerra Unida. Ya no para entrar a formar parte del equipo de gobierno sino para temas puntuales.). Respecto al PSPV-PSOE, y poniendo en valor su participación en el gobierno en minoría, apuntar que la dificultad que se tendrá para presentarse como un elemento relevante en el gobierno es, hoy por hoy, de difícil visualización dada la hegemonía construida en torno a la figura del primer regidor de Compromis. Y ésta cuestión debiera ser un motivo de preocupación, no dentro de dos años, sino desde ayer.
         No debemos olvidar que el PSPV-PSOE gobernó El Campello hasta 1995, comicios en los que se inició un declive que les ha llevado a ser la segunda fuerza política exequo con Ciudadanos y Compromís ( dos puntos arriba o abajo pero con el mismo número de representantes) .
         En 1991 el PSPV-PSOE obtuvo el apoyo de un 45,35% de electorado; en 1995, y en 2015 solo el 14,59%:  un descenso de más del 30%. Evidentemente, los datos fríos no recogen la crisis que el PSPV-PSOE sufrió en 2011 con la escisión encabezada por su anterior secretaria general, que más tarde acabó gobernando en coalición con el PP. Igualmente se deben comparar los datos con la disminución exponencial de apoyo que el PSOE ha ido sufriendo desde prácticamente el mismo período, e igualmente, es necesario contar con las variables que definen un radical cambio de la sociedad respecto a la política.
         El voto socialdemócrata ha envejecido, y el partido, a nivel general no ha tenido la capacidad de reacción exigible para adecuarse a los cambios sociales. La generación de ciudadanos que David de Miguel define como la generación "reformista" es una generación cansada, y las nuevas generaciones ( definidos por éste autor como "ciudadanos nuevos": generación del euro, de la globalización, de las redes sociales...) no confían en un partido que nada les aporta.
         Por todo ello, y por la falta de una visualización clara, tanto del trabajo, como de las aportaciones políticas en cumplimento, tanto de los acuerdos de gobierno como de los recogidos en el programa electoral son una prioridad a resolver.
         Personalmente, considero que el "relato" sobre la unidad; sobre el altísimo nivel de acuerdo, no beneficia más que al emisor del mensaje cuyo objetivo, más allá de consolidar un programa de gobierno pretende consolidar un estatus obtenido de forma sorpresiva.
        Evidentemente, la visualización no supone una ruptura ni una revisión de la participación en el gobierno municipal ( por otro lado necesaria), pero si la concreción de un papel de mayor relevancia en el escenario político, y ello requiere no solo la voluntad, sino un plan de comunicación eficaz, una apertura ( o reapertura) hacia la sociedad de los debates internos, y el equilibrio entre las obligaciones institucionales y las políticas. De lo contrario, la ya desdibujada imagen únicamente tendrá como solución la resignación a la marginalidad.

viernes, 12 de mayo de 2017

MORAL Y ÉTICA: UN CASO PRACTICO



El sentido común, ese conjunto de normas y costumbres que interiorizamos como "lo normal" o lo habitual, nos lleva a poner en un mismo plano la ética y a moral como algo sinónimo. Y, pese a la relación que existe, deberíamos no confundir los conceptos, tanto desde un punto de vista conceptual como epistemológico.
La ética es una rama de la filosofía que estudia, sistematizando, los conceptos del bien y el mal y otros relacionados. Definir, de forma racional qué constituye un acto virtuoso independientemente de la cultura en el que se produzca. La ética es prescriptiva con respecto a los patrones de conducta que deben seguir las personas.
La ética tiene mucho que ver con la Grecia de Platón y Aristóteles, los estoicos y los epicúros, pero la concepción que ha llegado a nuestros días tiene más de Descartes, Hume o Kant.
La moral tiene más que ver con la funcionalidad de una sociedad, donde las normas, su conformidad de forma tácita o explícita. La moral surgió como una consecuencia natural de la organización de los seres humanos en grupos. Al complejizarse las sociedades, las normas de interacción que las estructuraban se fueron transformando progresivamente en reglas morales y en leyes explícitas, especialmente con la aparición de la escritura. Las religiones ( en plural) han tenido una gran relevancia histórica en el establecimiento de los códigos morales: el catolicismo,con sus movimientos reformistas en el centro y norte de Europa, el judaismo o el Corán han establecido su propia escala moral como norma unificadora de conductas funcionales.
Pero volvamos a la diferencia entre ética y moral. La ética es normativa: intenta definir los comportamientos correctos y no sólo los aceptados por una sociedad dada. Y en ésta diferencia, encontramos un valor clave: comportamiento correcto. Moralmente, a nadie le "chirría" que un político tome una decisión si ésta tiene que ver con algo pre establecido de antemano; si es una continuación incremental de lo que se venía haciendo. Pero si la decisión contradice ese "sentido común", las alarmas "morales" saltan: palabras como injusto, arbitrario, etc, suenan como argumento contra esa decisión. Pongamos un ejemplo.
Moralmente puede ser aceptable que en la administración se realicen horas extras pero, ¿si éstas se realizan al día siguiente de haber despedido a unos trabajadores por "falta de carga de trabajo", es ética ésta decisión?.
Si. todo el preambulo venía a cuento de una decisión que, aunque moralmente explicable; aunque funcional para una parte, es éticamente cuestionable. Y surge una segunda cuestión: ¿es compatible este funcionamiento ético con un discurso casi "revolucionario"?. Son preguntas a las que yo, evidentemente solo puedo dar una respuesta, aunque seguramente otros darán su versión. Mi respuesta es NO. Rotundamente no.
Por lo tanto, moralmente, puede que lo práctico sea aceptar que esas horas extras se realicen, pues alguien lo tiene que hacer ya que son tareas necesarias, aunque éticamente sea reprobable. Y ahí se ubica mi conflicto personal: los intereses legítimos frente a la solidaridad; las necesidades inmediatas frente a lo justo, las horas extras frente al reparto del empleo.
No me considero moralmente ni mejor ni peor que otros, pero si creo que éticamente hay diferencias claras entre lo que considero como aceptable y lo inaceptable. Y en el caso planteado me parece inaceptable e injustificable pues pese a los argumentos que puedan usarse para explicarlo, unas siglas no son más que una carcasa si no están rellenas de principios.
Por último la enésima contradicción: ¿es ético defender o justificar la inacción ante una situación como la descrita, bajo el argumento de "no ir contra los trabajadores"?. Moralmente puede ser, pero difícilmente puede justificarse desde un punto de vista ético, pues los que se reclaman ( nos reclamamos) de izquierdas, creemos en unos valores y principios absoluta y radicalmente contrapuestos a una practica que, pese a que pueda ser considerada "normal", no lo es en absoluto. Pero claro, todo está en función de las prioridades, valores y principios que inspiren los actos privados y públicos de cada cual.



viernes, 24 de marzo de 2017

También se la suda.

Pese a lo tabernario de la expresión que encabeza esta opinión, no pretendo juzgar opiniones, sino opinar sobre juicios. Y es que en política estamos acostumbrados a que la ley se convierta en demasiadas ocasiones en una goma que, de tanto estirar y encoger se está quedando fláccida.
El Sr. Diputado Pablo Manuel Iglesias ha utilizado la susodicha frase para exponer con más o menos acierto discursivo, un hecho en el que sí tiene razón: al Sr. Presidente del gobierno, se la sudan los informes de los letrados de la cámara. Pero no solo eso, sino que se la refanfinflan los equilibrios parlamentarios y la nueva lógica del acuerdo impuesta por la ciudadanía a través de las urnas. Evidentemente, la legitimidad de origen para hacer o no determinadas cosas no puede vulnerar la legalidad, guste ésta o no. Cuando entramos en el juicio personal sobre un determinado apartado de la ley, o sobre una sentencia desfavorable o sobre las limitaciones que nos impone la legalidad vigente, estamos pisando un terreno que, marcado por la subjetividad, cuestiona al mismo estado de derecho. Y para modificar las leyes hay mecanismos democráticos.
Por otro lado estamos acostumbrados a que ética y estética sean solo palabras que no se concretan en actitudes. Para la cultura Helena ambos términos formaban parte de una misma cosa, eran indisociables. Para Aristóteles la concepción de la virtud vinculada a lo bueno y lo bello resumían la unidad de ambos términos. A su juicio, las personas virtuosas eran las que, conociendo las normas establecidas socialmente, no solo procura adecuar su actuación a éstas, sino que abraza ese modo de vivir porque además de bueno, lo encuentra bello. Y, ¿Qué tiene que ver la belleza?. No tendría que ser necesaria una aclaración, pero la haré: las formas, la coherencia con lo dicho o, en la sociedad de la emergencia democrática en la que vivimos, la virtud de cumplir con una serie de preceptos y compromisos de ejemplaridad.
 Desde la racionalidad instrumental, lo ético es simplemente lo que nos conviene para conseguir un fin determinado. Cuando se practica el subjetivismo ético, se está apelando a un interés en justificar algo, pero la contradicción se da cuando en algún momento, y de forma genérica, ese mismo algo se había criticado e incluso detestado de forma vehemente.
Como decía no quiero juzgar si el Concejal del Ayuntamiento de El Campello señalado como tránsfuga por un informe de la Secretaría municipal lo es o no. Seguramente el letrado municipal habrá analizado la situación, la información aportada y habrá basado sus conclusiones en conceptos legales. Lo que me llama poderosamente la atención es que, existiendo éste informe, se minusvalore de forma subjetiva por el Alcalde, aplicando aquí esa subjetividad ética en función, no de lo que pueda decir la ley, sino de su opinión y su necesidad institucional. Y aquí, se ha situado al altísimo nivel del Sr. Presidente del Gobierno, que pese a la hipotética distancia ideológica que les pueda separar, les une una actitud.
Ya que el Sr. Diputado Pablo Manuel Iglesias ha sacado de la calle y ha llevado el lenguaje coloquial al discurso parlamentario (cuestión que tampoco valoro ni juzgo), creo que debemos adaptarla a la política local a través de una palabra que no tiene traducción clara: menfotisme.
Y ese “menfotismo” es el que se aplica cuando en un informe un funcionario municipal dice una cosa pero se hace otra; y llegados al colmo del “menfotisme” , cuando incluso un funcionario municipal dice una cosa pero él mismo hace otra con la aquiescencia de quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley, o al menos velar por su cumplimiento, como en el caso que nos ocupa, más como excusa que como argumento.

Y termino con una pregunta: ¿Puede un ciudadano normal, un vecino cualquier cuestionar abiertamente la ley, y no solo eso,  sin que esto tenga consecuencias?

miércoles, 15 de febrero de 2017

NUEVAS BASES Y VIEJAS DINÁMICAS.

La acción política que se ve, la que tiene una repercusión y una trascendencia sobre la cotidianidad, se centra en las decisiones que los representantes públicos adoptan desde las instituciones. Pero éstas decisiones tienen un punto de partida: las decisiones orgánicas, o lo que es lo mismo, los partidos y organizaciones a las que pertenecen los representantes electos por la ciudadanía en función de sus preferencias programáticas, ideológicas o tradicionales.
Las organizaciones políticas podrían parecer un mero instrumento electoral pero, ¿realmente son solo eso?. Personalmente estoy convencido que son algo más, pese a que son estructuras prácticamente desconocidas o en su caso únicamente conocidas por los debates o conflictos en la elección de líderes, como puede ser el caso del PSOE en la actualidad.
Pero los partidos, además de las estructuras dirigentes, tiene otras. La primera distinción que podríamos establecer sería entre aquellos que son miembros del partido y los que no lo son. En cuanto a los que lo son, encontramos la figura del afiliado, que paga la cuota sin realizar prácticamente ninguna actividad y el militante, que además de cotizar realiza un trabajo: colabora en las campañas, asiste a actos y reuniones, etc. En cuanto a éstos últimos, Panebianco (politólogo italiano) distingue entre "creyentes", como los que participan guiados por un objetivo colectivo, identificados con el partido, su ideología y su estrategia, que defiende públicamente la línea y la actuación política, y por otro lado los "arribistas", aquellos que participan guiados por un incentivo relacionado con ambiciones ( de poder o estatus), que buscan el beneficio propio. Un tercer grupo: los permanentes. Aquellos que trabajan de forma estable cobrando por ello. En cuarto, tenemos a los dirigentes del partido, responsables de su funcionamiento y cuya actuación podríamos definirlo como tendencialmente oligárquico.
Existen, los que sin ser miembros de partido, se sitúan en su esfera. Podríamos clasificarlos como: votantes fieles (se limitan a votar en las elecciones y solo se relacionan orgánicamente con el partido en período electoral)y simpatizantes (además de votar, defienden y difunden ocasionalmente las posiciones del partido sin compromiso oficial).
Los afiliados y militantes, que fueron los protagonistas en el origen de los partidos ( fundamentalmente los partidos de masas) y lo fueron por su función socializadoras y de captación de votos, han pasado a un lugar residual pese a su presencia redundante en el discurso de los líderes. Y se apela a la militancia en busca de la legitimidad perdida: la opinión pública tiene una visión negativa de los partidos tradicionales dada la separación entre los objetivos declarados en campaña y lo realizado posteriormente, o el discurso que se mantiene en la oposición y su transformación desde las responsabilidades de gobierno.
La figura del militante, con la aparición de nuevas formas de movilización social ha propiciado la aparición de un nuevo concepto: el ciberactivista. Pero ambos, cada uno en su ámbito, son figuras que son utilizadas para la consolidación de la figura de líderes y dirigentes, así como la defensa practicamente acrítica de las posiciones, pese a que éstas sean contradictorias con la línea política e ideológica, dándose un solapamiento respecto al carácter carismático sustentado, no en condiciones "sobrenaturales" o especiales, sino en la capacidad para crear redes clientelares o de intereses en el seno y el entorno de la organización, quizá no como tal, pero si en su dimensión institucional.
Los partidos políticos, en el ámbito estatal o autonómico y también en el local, no han entendido ni asumido que los tiempos en los que vivimos, con unas nuevas herramientas ( internet, redes sociales, etc) no son para seguir haciendo lo mismo y para los mismos, pero una forma más ágil. La emergencia de nuevas formas de movilización y auto organización ,permiten igualmente nuevas formas de control y participación. La creación de redes de información, debate y participación, no solo propiciaría una nueva dinámica de contacto cotidiano, de compartir y difundir información, sino que incidiría positivamente en la progresiva superación de la llamada "brecha generacional": conectar con sectores de jóvenes con media-alta cualificación y acceso a las TICs (tecnología de la información y la comunicación), integrándoles ( o intentándolo) o facilitándoles su acercamiento a la actividad política.

Pero analizar la realidad nos lleva a conclusiones nada positivas. No existe una política de comunicación adaptada y relacionada con la emergencia de una sociedad cada vez más digitalizada y crítica. Por contra, se sigue insistiendo en la "vieja" estrategia, donde ni la militancia, ni la ciudadanía tienen relevancia. Se sigue insistiendo en el papel gregario de la gente y la preeminencia de lo institucional, y ésto supone una ceguera que puede propiciar la vuelta al poder municipal del partido que representa lo más tradicional y, porque no decirlo: en los tiempos de cambio que vivimos, lo más reaccionario pese a la funcionalidad.

martes, 14 de febrero de 2017

ASUMIENDO PROBLEMAS HEREDADOS

El nuevo ( ya no tanto) gobierno municipal de El Campello conocía perfectamente la situación que heredaba. Alguno de sus miembros no eran desconocedores al haber formado parte de la corporación municipal la legislatura anterior. Y éste conocimiento era el que parecía inspirar el discurso del cambio con el que los diferentes partidos políticos ( principalmente Compromís y el PSPV-PSOE) se presentaron ante la ciudadanía. Asuntos como: vertedero, piscina municipal, grúa municipal, parking de la avenida Els Furs, Plan General de urbanismo entre otros.
Sobre el vertedero, la primera actuación fue asumir la presidencia del consorcio, asumiendo igualmente que sus planteamientos reivindicativos dejaban paso a una posición institucional, lejos ( y alejándose) de los que consideró como aliados en el pasado ( los vecinos afectados). Sobre la piscina municipal, el "marrón" fue asumido previamente por todos, a pesar de ser conscientes (creo) de la desproporcionalidad de una obra que no se ajustaba, ni a la sostenibilidad ni a las necesidades. Ahora toca decidir cómo se gestiona, aunque poco margen de actuación tiene el gobierno municipal, algo que sabía perfectamente y que, sorprendentemente no fue planteado previamente: la cuestión piscina fue asumida como un asunto "institucional", asumiendo igualmente las responsabilidades inherentes que ahora deben expresarse en decisiones.
Sobre la cuestión de la grúa municipal, y tras de la decisión judicial, nos encontramos con un servicio en precario sin que ello haya suscitado una asunción de responsabilidades por parte de nadie pese a que supone, directa e indirectamente un costo para las arcas municipales: para todos y todas los vecinos y vecinas. En igual situación nos encontramos con el parking de la avenida Els furs. La diferencia es que el tema todavía está pendiente de decisión judicial, aunque a la vista de cómo se ha actuado, previsiblemente nadie asumirá ninguna responsabilidad y a nadie se le exigirá.
Y un nuevo-viejo tema salta a la agenda municipal aunque, sin ninguna duda, nunca la había abandonado: la organización municipal.
Si había un asunto sobre el que intervenir, éste era la propia organización municipal. La herencia dejada por la derecha no era solo complicada: era simplemente envenenada. Me explicaré.
Para acceder a un puesto dentro de la carrera profesional de un funcionario o funcionaria público, se precisa un proceso: concurso, concurso oposición, oposición libre, donde el principio meritocrático de igualdad, mérito y capacidad debe ser el que defina el procedimiento. Frente a ésto, el PP lo que hizo fue realizar nombramientos a través de lo que que en la administración local es "decreto-ley": el decreto de la Alcaldía. Y ésto vulneraba y vulnera abiertamente, como mínimo el principio meritocrático. Y frente a ésto, el nuevo gobierno municipal la única intención ha sido resolver el problema heredado a través de un instrumento administrativo complejo. una nueva Relación de Puestos de Trabajo. No por su dificultad técnica, sino por la coyuntura legal en la que nos encontramos: límites presupuestarios y retributivos establecidos básicamente en la Ley de Presupuestos del Estado.
Apostar por un procedimiento que nace viciado en su origen no es responsable: la Relación de Puestos de Trabajo del año 2000 fue impugnada por Subdelegación del Gobierno y las condiciones por las que fue impugnada y revocada persisten, por lo que insisto, apostar por una nueva Relación de Puestos desde la que regular lo que actualmente se encuentra en situación irregular es una irresponsabilidad, pues su recorrido parece previamente acotado.
El equilibrio institucional entre las diferentes estructuras y escalones administrativos es una garantía de seguridad jurídica aunque en alguna ocasión ésto pueda parecer un impedimento cuando no una injerencia en la "autonomía municipal". No es posible que una administración vulnere las disposiciones legales por conveniencia. Esta interpretación interesada provoca una paradoja: ¿Cómo puede la administración exigir el cumplimiento de las normas si su pretensión es vulnerarlas?.

La administración local tuvo un desarrollo positivo y dinámico bajo la dirección de un Secretario Municipal ( mi admirado Vicente Boix, desgraciadamente fallecido). La modernización de nuestra administración local fue evidente. Pero las "injerencias" indebidas e irresponsables en el diseño administrativo de los representantes políticos ha creado disfunciones que la han retrotraido a una situación claramente disfuncional, cuestión que se debería haber abordado por el nuevo gobierno como una prioridad. Al no haberse hecho, ahora toca asumir la responsabilidad política, y por supuesto, dar explicaciones sobre una cuestión que personalmente considero central: ¿la administración está al servicio de la ciudadanía?

lunes, 13 de febrero de 2017

UN FUTURO INCIERTO.



La bisoñez de de una formación política que fue capaz de recoger una gran parte del descontento de una ciudadanía harta de élites, ha dejado paso a la madurez de un partido de corte tradicional, con sus contradicciones y sus paradojas, con sus debates y luchas por el poder. La cuestión, como la lógica apunta, es saber como se gestionará el resultado del debate.
Evidentemente, la opción de los y las inscritos e inscritas en Podemos ha sido la defendida por Pablo Iglesias. Los medios la han definido como "radical" en un intento de sintetizar interesadamente el resultado, pero en mi opinión la síntesis no es tan sencilla. Es cierto que la opción del sector ganador de la asamblea general coincide con una máxima que ha sido recurrente en Izquierda Unida: movimiento político, sí, pero también social. Mantener la tensión social y transferirla a las instituciones como supuesta voz de los "olvidados" del sistema. Una síntesis que, pese a ser coincidente con otros precedentes políticos, tampoco es tan sencilla de desarrollar.
La opción defendida por más de un treinta por ciento es la trasversalidad. Y ésta parte de un análisis empírico de los datos sociológicos: la sociedad se sitúa mayoritariamente en el centro izquierda y no en la izquierda radical. Los inscritos e inscritas, ¿han optado por la radicalidad?. En mi opinión no está claro.
En 1979 el PSOE debatió en el 29 Congreso entre mantener los orígenes marxistas u optar por la figura del lider carismático y lo que ésto podía aportar al futuro electoral. No se tuvo en cuenta o al menos no fue relevante en el debate asambleario lo que representaba, pero si se valoró que la figura del líder moderno y conseguidor de votos era importante, quedando la definición tradicional del partido en un segundo plano. En el caso de Podemos ha sido a la inversa, de algún modo: se ha optado por la figura del líder carismático pese a que la línea que representa (políticamente) no sea la que puede llevarles al poder aunque si a mantener una definición ideológica clara y concreta frente al eclecticismo inicial. No olvidemos que la mayoría de votantes e inscritos e inscritas provienen de la izquierda y movimientos sociales anteriormente situados en posiciones prácticamente testimoniales, pero no así los votantes, que provienen de sectores de la izquierda tradicional.
Pero la madurez de ésta formación política contrasta una contradicción que, en mi opinión, trasciende el aspecto normativo que hasta ahora había mantenido Podemos: la democracia. El interesante experimento social de democracia participativa, donde muchos y muchas habían encontrado un instrumento para recuperar la sustancia de un sistema cuestionable. La estructura horizontal, donde cualquiera podía tomar la palabra en el ágora, sin distinción ni discriminación por pertenencia o procedencia ha sido sustituida por los tradicionales órganos de dirección. La "deselitización" ( con la "casta" como máxima) ha dejado paso a nuevas élites. Por otro lado, la integración en el aparato burocrático institucional ha supuesto otra paradoja: la capacidad de adaptación al medio.
Creo que es difícil seguir viendo a la nueva organización de izquierdas como algo novedoso, algo "fresco" y nuevo. Ya son parte de la estructura, y como tal, allá donde se tienen responsabilidades, se siguen dinámicas tradicionales tanto en lo institucional como en lo político. Baste una mirada a esa capacidad de adaptación de las representantes de éste partido en nuestro municipio.
En el futuro, si la unidad estratégica con Izquierda Unida tiene continuidad, podremos observar si el espacio político de Podemos se consolida o simplemente se comprime, ocupando el espectro electoral que sociologicamente parece corresponderle.
Respecto al "sorpasso o sorpassos" que la nueva formación pueda conseguir respecto a la izquierda tradicional ( el PSOE), todo dependerá de la capacidad de reacción de una organización actualmente enfrascada en un proceso de debate interno centrado en la lucha por el poder de diferentes líderes que simbólicamente quieren representar opciones políticas diferentes. No solo la propuesta política será un elemento que incida en la recuperación de la credibilidad perdida, sino una reforma profunda en cuanto al reconocimiento de la nueva realidad y la ambición de, participando activamente en esa realidad, reformarla desde una convicción no instrumental de la democracia.




domingo, 12 de febrero de 2017

LA POLÍTICA SE MUEVE.

Este fin de semana han culminado, en principio, los debates en Podemos y se ha ratificado el liderazgo "tradicional" en la derecha.
En el nuevo partido de la izquierda han triunfado las posiciones lideradas por su carismático máximo dirigente, que lejos de salir tocado del proceso, sale reforzado. Ahora habrá que seguir los acontecimientos para ver como gestiona Podemos la pluralidad que se ha manifestado en su Asamblea estatal. En cambio en la derecha, lo esperado es lo sucedido: nadie se ha movido y todos han salido en la foto. La comodidad en la que se mueve el partido hegemónico de la derecha se sustenta, no solo en esa unidad de destino fraguada por el poder estatal, sino en la inexistencia de una alternativa en el escenario político que pueda hacer peligrar su posición. Es cierto que Ciudadanos parecía posicionarse como una alternativa, pero dado el eclecticísmo en el que se mueve el partido naranja, la indefinición ideológica y el papel de muleta por el ha optado, no parece que pueda seguir restándole apoyos electorales. Y todo ello pese a los sangrantes casos de corrupción que los tribunales juzgan y condenan. Una importante parte de la sociedad española está anestesiada frente a la corrupción, que pese a condenar, legitiman con un voto cuya motivación principal es un profundo conservadurismo de la miseria, no sólo en el sentido económico.
En el ámbito local, las cosas siguen por su camino. El gobierno municipal formado por cuatro partidos, continúa poniéndose de lado frente a una sociedad local que asiste de invitada a la consolidación de un conjunto de políticas continuistas sin que se atisben los cambios esperados. Las manifestaciones realizadas por algunos componentes del gobierno así lo indican: el presupuesto son "habas contadas", entonces ¿dónde se van a introducir los cambios?.
No existe tampoco voluntad de avanzar en mejoras democráticas, y como argumento se "denuncia" en qué se han convertido los plenos ordinarios, donde diferentes colectivos, que hace año y medio eran "aliados" hoy son insoportables vecinos vociferando. No existe voluntad en incidir en el tejido económico local con propuestas o ideas innovadoras. Se sigue confiando, en un gesto tipicamente "rajoyista", a que la propia dinámica mejore la situación o, en su caso, aparezca un mirlo blanco que plantee una iniciativa privada que llevarse a la boca. No existe voluntad de cumplir un punto que parecía la verdadera inflexión entre el antes y el cambio: el empleo. Se siguen destinando los mismos o mas fondos a la partida de servicios extraordinarios, manteniéndose igualmente de perfil ante una estructura administrativa heredada y con más de veinte años de "contaminación". En definitiva, poco más se puede esperar. Únicamente que el presupuesto vea la luz y comprobemos que si, que las partidas asistenciales se han incrementado, pero que a pesar de esa "asistencialidad", otras políticas que inciden directa e indirectamente en la vida de muchos y muchas vecinos y vecinas seguirán esperando su momento.
¿Y los partidos políticos locales?. Nada nuevo en un horizonte ya conocido. Nadie se ha percatado todavía que vivir al "albur" de una sociedad anestesiada, no es una actitud digna de dirigentes políticos. Que ante una sociedad acostumbrada a pensar que "todos son iguales", el liderazgo político hay que trabajárselo al margen de los rituales de campaña.
Todo indica que, pese a que la política se ha movido, se han dado cambios radicales a cómo nos encontrábamos hace unos años; que la emergencia de una sociedad cansada, aunque no se exprese a gritos, sigue existiendo; que existen herramientas, no para hacer lo mismo, sino para dar la oportunidad a muchos de expresarse, todo parece que va a seguir ese perverso curso al que inconscientemente se llama "sentido común" aunque en realidad sean tradiciones heredadas con manifiesta incapacidad para cambiarlas y ponerlas al servicio de la ciudadanía.

sábado, 4 de febrero de 2017

¿PUEDE LA IZQUIERDA INSULTAR A LOS TRABAJADORES PRECARIOS?

¿Existen aún la izquierda y la derecha en el ámbito de la política local? Esa pregunta que se plantea Bobbio (politólogo italiano situado ideológicamente en la izquierda moderada) desde una perspectiva general también sugiere la necesidad de una respuesta en el ámbito local, máxime ante la impresión generalizada de que “todos son iguales”, corroborada por una aparente continuidad en las políticas locales.

 Bobbio, da una definición de derecha frente a izquierda como  conceptos contrapuestos: dos formas de afrontar las necesidades de la sociedad. La existencia de posiciones extremas, tanto en la derecha como en la izquierda existen pero se “tocan” y coinciden en un enemigo común: la democracia (liberal para unos y demasiados derechos para otros). Pero  también existen las posiciones moderadas, entre los que se sitúan los socialdemócratas y los conservadores a los que Bobbio define como progresistas y conservadores, introduciendo una serie de elementos que permiten una mejor comprensión de las diferencias desde una perspectiva histórica. Pero, la tangencialidad en los extremos también se producen en las posiciones moderadas, quizá uno de los problemas de la indefinición de la izquierda en la defensa de la igualdad pese a los tiempos de incertidumbre y conflicto en que vivimos.

 Si tuviéramos que señalar un rasgo definitorio de la izquierda, éste sería el concepto de igualdad (a la que la derecha antepone la libertad, sin que esto signifique que uno y otro lado  deseche ni la libertad en el caso de la izquierda ni la la igualdad en el de la derecha, pero sí cual es el predominante en cada uno de la concepción de la acción política). Ser de derechas o de izquierdas no siempre ha significado lo mismo,  es desde la Revolución Francesa de la que parte tal distinción. En el XIX ya había una forma de ser de izquierdas, que era ser liberal, pues la izquierda se identificó desde sus inicios con el laicismo frente al conservadurismo impuesto por las religiones, la innovación frente a la tradición, la libertad frente a la autoridad, la igualdad frente a los privilegios fruto de herencias aristocráticas, o la fraternidad frente al individualismo.

La democracia liberal-representativa establece como premisa la igualdad ante la ley, pero la izquierda introdujo la igualdad como derecho. Citar únicamente a Marshall (1950) y su obra Ciudadanía y Clase social, que replanteó como una forma síntesis de la evolución histórica de la ciudadanía y los derechos políticos, distinguiendo entre derechos civiles, políticos (garantizados por la democracia liberal) y derecho sociales. Marshal introduce el concepto de individuo, no como portador de derechos, sino de deber social de sostener la comunidad que hace posible el ejercicio de sus derechos. Los derechos, ya no solo eran el pilar del orden capitalista, sino que servían para transformarlo, pasando a ser un instrumento a través del cual la clase trabajadora obtendría la plena pertenencia al Estado moderno en condiciones de igualdad ciudadanía.  

No siempre significaron lo mismo los términos derecha e izquierda. La sociedad ha cambiado, ha sufrido transformaciones. Principalmente hacia una creciente desigualdad que la derecha justifica como algo “natural”, consustancial a la sociedad misma compuesta por seres humanos de desiguales capacidades (el darwinismo social sigue latente). Pero la democracia, como instrumento asegurador de derechos civiles y libertades individuales no ha estado a la altura de las necesidades sociales y económicas que sustentan a una sociedad dual donde no todos tienen las mismas posibilidades de desarrollarse íntegramente en libertad. Las libertades que articulan nuestro sistema, son desiguales: los que más tienen, tienen más libertad lograr un desarrollo pleno. Los que menos tienen, o aceptan sus “designios” o deben luchar por la igualdad. Y ahí está el lugar de la izquierda.

Mientras que otro mundo sea posible; mientras otro pueblo sea posible, la izquierda tiene razón de existir y reivindicarse como instrumento de transformación. Para ello debe redefinir sus prioridades, no solo en el ámbito orgánico, sino para la ciudadanía, para la gente, para esa “mayoría silenciosa” que, sin hacer ruido, existe.

Aceptar, como “mal menor” la desigualdad es una resignación que desdice a la izquierda y la sitúa en el lado opuesto. Aceptar que un trabajador precario debe ser desigual, percibir menos remuneraciones que otro, sin tener en cuenta el contexto pero si el estatus, es un peligroso recurso que sitúa a la izquierda frente a su propia existencia política. Y eso ha sucedido.

En una segunda parte de éste texto de opinión, expondré de forma sucinta, una propuesta que la izquierda gobernante planteó en la Mesa General de Negociación como “mal menor”, justificando lo injustificable como lo haría la derecha: “así podemos repartir la miseria, mejor precario que parado”. Esto, por mucho que intente justificarse, por mucho que quiera ocultarse tras argumentaciones que acusan a otros de la demagogia propia es, simple y llanamente impresentable. El argumento de “no permitir” que un trabajador o trabajadora precario, en situación de clara vulnerabilidad social, por el mero hecho de no acceder a la administración a través de los mecanismos establecidos sino a través de la selección por necesidad y urgencia socio económica, sea peor remunerado pese a realizar el mismo trabajo,  no justifica el insulto sostenido sobre el reparto de la pobreza.

Soy consciente que la huida hacia delante es acusar a quien cuestione ese reparto de pobreza de demagogo o enemigo, pero el capital simbólico que concede pertenecer a un partido de izquierdas, haber sido elegido en una candidatura de izquierdas y reclamarse de izquierdas, no justifica que se insulte y maltrate a trabajadores y trabajadoras cuyo único pecado es ser una víctima de la desigualdad impuesta.


sábado, 21 de enero de 2017

EXIGENCIA ÉTICA

La redundancia es una repetición de significados, quizá innecesario pues pretende expresar una idea ya expresada. En el caso de la auditoria solicitada por Esquerra Unida al Pleno, encontramos una redundancia de significados y significantes.
En el texto del acuerdo entre los diferentes grupos y partidos políticos que propició la investidura en la presente legislatura, en su punto 9 podemos leer:
"Hacer una auditoria pública para conocer la situación real de las cuentas del Ayuntamiento y facilitar información respecto del destino concreto de los gastos, al igual que se conoce el origen de los ingresos".
E 28 de enero de 2016, EUPV presenta la propuesta al Pleno municipal por primera vez. Y lo hace tras una salida abrupta del gobierno municipal. La coalición de izquierdas considera ( y consideraba en el texto de la moción presentada hace un año) que es una exigencia ética previa a la aprobación del nuevo presupuesto la fiscalización de las facturas pagadas por el gobierno que precedió al actual. Esta exigencia, absolutamente legítima, debe entenderse extendida igualmente al actual gobierno, del que Esquerra Unida formó parte, por lo que la propuesta debería, por lo tanto extenderse al año y medio del actual gobierno, a menos que Esquerra Unida considere que ha fiscalizado la acción económica-financiera de forma adecuada.
Dicho lo cual, y partiendo de la legitimidad de la propuesta y la corresponsabilidad del resto de grupos firmantes del acuerdo de investidura, la pregunta es, ¿ será aprobada la moción?.
Las respuestas del resto de grupos políticos fueron, de forma resumida y sintética ,en la línea de: "ya se está realizando a través de los mecanismos institucionales; que la auditoria paralizaría los pagos, la necesidad de respeto y confianza en la estructura burocrático -administrativa y la posibilidad de que la totalidad de representantes acceda a las facturas.
Es un hecho que la legislación vigente, contempla un compromiso con la fiscalización y el control, clasificándola en tres mecanismos concretos: control interno (intervención), externo (tribunal de cuentas) y político ( pleno municipal). No obstante, y al margen de la posible "depuración" de responsabilidades en pagos y gastos, la nueva dinámica de exigencia social añade un aspecto relevante: la información y la transparencia. Información en cuanto al destino finalista de los fondos públicos, y transparencia en cuanto al porqué y para qué o para quién. Y en esta cuestión, la actual administración está igualmente lejana que sus predecesores, dinámica que hipotéticamente venían a cambiar.
Al margen del debate en si de la auditoria solicitada, existe un hecho relevante, y este es el equilibrio político existente en la actualidad en la corporación. Si Esquerra Unida solo cuenta con e apoyo de Ciudadanos y la oposición del resto de grupos, difícilmente saldrá adelante, al igual que difícilmente saldrán adelante las cuentas municipales al existir, en principio, una exigencia previa de uno de los grupos que escenificaron el cambio en 2015.
En la actualidad existe un gobierno compuesto por Compromis, Grupo Socialista, Partido de El Campello y Demócrates. Todos ellos suman 9 representantes: faltan dos para sumar el apoyo suficiente que permita, en general, sacar adelante las propuestas de interés colectivo. En el caso del Presupuesto, ésta exigencia no se aplicaría al estar las cuentas municipales prorrogadas desde 2014, algo que permitiría que, pese a la oposición del Pleno, pudieran ser aprobadas por la Junta de Gobierno. Y éste extremo, siendo funcional para la dinámica administrativa municipal, plantearía un escenario poco positivo, pues significaría, en mi opinión, que las cuentas que probablemente se aprobasen serían las únicas de la legislatura, un hecho que empobrece la propuesta de cambio que sustentó la investidura. No obstante, podríamos encontrarnos con una propuesta económica radicalmente diferente a las anteriores; una propuesta realmente de cambio, con la articulación de mecanismos previos de participación e incluso un cambio de paradigma: unos presupuestos sustentados en una propuesta colectiva, explicada y susceptible de control político y social. Podríamos encontrarnos con un presupuesto que realmente significase un cambio, con programas de empleo, bienestar social y promoción económica basados en conceptos como la equidad, como igualdad en la redistribución del producto final; solidaridad como compromiso de inclusión social y cultural etc. En éste hipotético caso, Esquerra Unida tendría que modular su exigencia, priorizando las necesidades frente a su legítima exigencia ética de conocer la gestión anterior.
No obstante, considero que es necesario que la ciudadanía conozca y tenga la información veraz necesaria sobre la gestión presupuestaria, y en ésto coincido con la exigencia ética de implementar una sólida política pública de información que propiciase un mejor y mayor conocimiento y por lo tanto, participación por parte de la ciudadanía, algo que posiblemente permita el progresivo emponderamiento social, elemento imprescindible en un nuevo escenario político donde ciudadanos y representantes se sitúen definitivamente en un mismo plano.


miércoles, 18 de enero de 2017

LA SUSTANCIA DE LA DEMOCRACIA.

"La fuerza siempre está de parte de los gobernados". Estas palabras de Hume resume un sentimiento, una necesidad que se exige a la democracia. Pero ésta palabra tan repetida como recurso o argumento para exigir o reivindicar la legitimidad de las decisiones políticas ha concitado diferencias y discrepancias acentuadas por el incremento de las desigualdades y pobreza, presentándola como un instrumento inútil para garantizar la igualdad y la justicia.
Mandar significa movilizar recursos ( impuestos), y esa movilización requiere un consentimiento. El ejercicio del poder, como afirmó Weber, conlleva fuerza o persuasión, y no existe dominación sin consentimiento. La veracidad de la frase de Abraham Lincoln, en su famoso discurso de Gettysburg ( "la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo) ha perdido veracidad a lo largo de la historia y con el desarrollo de la democracia se ha "abandonado la idea de que el pueblo gobierna, asumiendo que, mediante la movilización el pueblo apoya o se opone a los gobiernos" (W.Lippman,1925).
La opinión pública, ese recurrido término, difuso e inconcreto, ha tomado cuerpo tras el estallido de la crisis financiera, cuestionando el sentido mismo de la democracia representativa por considerar que se ha reducido a un mero proceso formal de selección de "élites". Una parte de la sociedad exige una revisión a fondo del paradigma de la democracia liberal y una recuperación sustancial que recupere derechos económicos y sociales como fundamento y esencia del autogobierno moral. El sistema democrático liberal-representativo con componentes de republicanismo solo en el ámbito normativo ( una supuesta ciudadanía más activa con una ampliación de la participación y una cobertura de las necesidades básicas y otros derechos sociales y culturales cuya pretensión en origen tenía como objetivo la amortiguación de las diferencias de clase) es un mero recurso discursivo pero no un componente del sistema. Las deficiencias de la democracia representativa derivan de que el puro enfrentamiento de intereses privados limita la representación de los más desfavorecidos propiciando una atrofia del control popular, la perpetuación de estructuras de privilegios y el imposible intercambio de papeles entre representantes y representados.
Se exige una mayor participación pero la realidad es que ésta exigencia ciudadana no es generalizada : la sociedad civil es una realidad desestructurada por un sistema que ha "impuesto" un sistema de agregados sociales como forma de mayor y mejor control: los grupos sociales están siendo sustituidos y la opinión pública agregada se limita únicamente a las convocatorias electorales, único instrumento admitido por una estructura, todavía, eminentemente elitista, cuyo pragmatismo centra la relevancia en la traducción de la opinión pública en votos. Pero ésta ucronía ( visión apocalíptica del futuro) parecía tener una solución: las alternativas del cambio.
En el ámbito estatal surgieron voces que reclamaban otra política para otro sistema. Y éstas voces fueron recogidas, de forma práctica o retórica por algunos y combatida como claramente disfuncional por otros. Los que asumieron las reclamaciones sociales pusieron en practica unos mínimos principios de democracia directa que, pasado el tiempo les dejó de ser útil. En casos muy cercanos, la adaptación funcional al medio que venían a "cambiar" ha desdibujado los objetivos, convirtiéndolos en meros relatos simbólicos sin que hayan existido aplicaciones directas mediante políticas públicas concretas. El compromiso de "mejorar" la democracia ha dejado paso, de nuevo, a la "eficacia" en la gestión: la administración municipal sigue pudiendo ser definida como una administración de corte tradicional escondiéndose tras el difuso término de "interés general". La esperanza en un cambio se ha paralizado a causa de la limitación "weberiana": la política y la administración siguen siendo espacios separados, quedando al "margen" de la política de cualquier cambio la estructura burocrática, algo consustancial al cambio preconizado por suponer la administración al servicio de la ciudadanía y no como parece ocurrir en la actualidad.
Por otro lado, es necesario incluir en éste contexto una cultura política donde la actitud que prima es la de una ciudadanía mayoritariamente pasiva, mera receptora de servicios, donde la opinión pública queda restringida al ámbito discursivo ( privado), algo que beneficia a la aparentemente perenne estructura elitista.
La superación de la creencia de que a política es cosa de "políticos" es una premisa en un necesario proceso de resocialización política donde los partidos y organizaciones políticas sean el motor de un cambio que la sociedad espera y necesita por una cuestión meramente vital: su supervivencia como sociedad colectiva donde la deliberación conjugue intereses colectivos con individuales sin negar conflictos, pero apelando al consenso social en torno a ese viejo pero necesario principio de a política: el bien común.
El análisis de lo que pasa o debería pasar debe partir de un marco conceptual, pues de lo contrario se continuará ignorando e incluso despreciando las opiniones contrarias suscribiendo solos las coincidentes, en una clara patología social que seguirá propiciando redes clientelares y sectarias que vacían de contenido sustancial un sistema que, incluso en lo más cercano, debe garantizar derechos sociales y libertades políticas, sin limitar la democracia a los rituales cuatrianuales.