viernes, 12 de mayo de 2017

MORAL Y ÉTICA: UN CASO PRACTICO



El sentido común, ese conjunto de normas y costumbres que interiorizamos como "lo normal" o lo habitual, nos lleva a poner en un mismo plano la ética y a moral como algo sinónimo. Y, pese a la relación que existe, deberíamos no confundir los conceptos, tanto desde un punto de vista conceptual como epistemológico.
La ética es una rama de la filosofía que estudia, sistematizando, los conceptos del bien y el mal y otros relacionados. Definir, de forma racional qué constituye un acto virtuoso independientemente de la cultura en el que se produzca. La ética es prescriptiva con respecto a los patrones de conducta que deben seguir las personas.
La ética tiene mucho que ver con la Grecia de Platón y Aristóteles, los estoicos y los epicúros, pero la concepción que ha llegado a nuestros días tiene más de Descartes, Hume o Kant.
La moral tiene más que ver con la funcionalidad de una sociedad, donde las normas, su conformidad de forma tácita o explícita. La moral surgió como una consecuencia natural de la organización de los seres humanos en grupos. Al complejizarse las sociedades, las normas de interacción que las estructuraban se fueron transformando progresivamente en reglas morales y en leyes explícitas, especialmente con la aparición de la escritura. Las religiones ( en plural) han tenido una gran relevancia histórica en el establecimiento de los códigos morales: el catolicismo,con sus movimientos reformistas en el centro y norte de Europa, el judaismo o el Corán han establecido su propia escala moral como norma unificadora de conductas funcionales.
Pero volvamos a la diferencia entre ética y moral. La ética es normativa: intenta definir los comportamientos correctos y no sólo los aceptados por una sociedad dada. Y en ésta diferencia, encontramos un valor clave: comportamiento correcto. Moralmente, a nadie le "chirría" que un político tome una decisión si ésta tiene que ver con algo pre establecido de antemano; si es una continuación incremental de lo que se venía haciendo. Pero si la decisión contradice ese "sentido común", las alarmas "morales" saltan: palabras como injusto, arbitrario, etc, suenan como argumento contra esa decisión. Pongamos un ejemplo.
Moralmente puede ser aceptable que en la administración se realicen horas extras pero, ¿si éstas se realizan al día siguiente de haber despedido a unos trabajadores por "falta de carga de trabajo", es ética ésta decisión?.
Si. todo el preambulo venía a cuento de una decisión que, aunque moralmente explicable; aunque funcional para una parte, es éticamente cuestionable. Y surge una segunda cuestión: ¿es compatible este funcionamiento ético con un discurso casi "revolucionario"?. Son preguntas a las que yo, evidentemente solo puedo dar una respuesta, aunque seguramente otros darán su versión. Mi respuesta es NO. Rotundamente no.
Por lo tanto, moralmente, puede que lo práctico sea aceptar que esas horas extras se realicen, pues alguien lo tiene que hacer ya que son tareas necesarias, aunque éticamente sea reprobable. Y ahí se ubica mi conflicto personal: los intereses legítimos frente a la solidaridad; las necesidades inmediatas frente a lo justo, las horas extras frente al reparto del empleo.
No me considero moralmente ni mejor ni peor que otros, pero si creo que éticamente hay diferencias claras entre lo que considero como aceptable y lo inaceptable. Y en el caso planteado me parece inaceptable e injustificable pues pese a los argumentos que puedan usarse para explicarlo, unas siglas no son más que una carcasa si no están rellenas de principios.
Por último la enésima contradicción: ¿es ético defender o justificar la inacción ante una situación como la descrita, bajo el argumento de "no ir contra los trabajadores"?. Moralmente puede ser, pero difícilmente puede justificarse desde un punto de vista ético, pues los que se reclaman ( nos reclamamos) de izquierdas, creemos en unos valores y principios absoluta y radicalmente contrapuestos a una practica que, pese a que pueda ser considerada "normal", no lo es en absoluto. Pero claro, todo está en función de las prioridades, valores y principios que inspiren los actos privados y públicos de cada cual.



viernes, 24 de marzo de 2017

También se la suda.

Pese a lo tabernario de la expresión que encabeza esta opinión, no pretendo juzgar opiniones, sino opinar sobre juicios. Y es que en política estamos acostumbrados a que la ley se convierta en demasiadas ocasiones en una goma que, de tanto estirar y encoger se está quedando fláccida.
El Sr. Diputado Pablo Manuel Iglesias ha utilizado la susodicha frase para exponer con más o menos acierto discursivo, un hecho en el que sí tiene razón: al Sr. Presidente del gobierno, se la sudan los informes de los letrados de la cámara. Pero no solo eso, sino que se la refanfinflan los equilibrios parlamentarios y la nueva lógica del acuerdo impuesta por la ciudadanía a través de las urnas. Evidentemente, la legitimidad de origen para hacer o no determinadas cosas no puede vulnerar la legalidad, guste ésta o no. Cuando entramos en el juicio personal sobre un determinado apartado de la ley, o sobre una sentencia desfavorable o sobre las limitaciones que nos impone la legalidad vigente, estamos pisando un terreno que, marcado por la subjetividad, cuestiona al mismo estado de derecho. Y para modificar las leyes hay mecanismos democráticos.
Por otro lado estamos acostumbrados a que ética y estética sean solo palabras que no se concretan en actitudes. Para la cultura Helena ambos términos formaban parte de una misma cosa, eran indisociables. Para Aristóteles la concepción de la virtud vinculada a lo bueno y lo bello resumían la unidad de ambos términos. A su juicio, las personas virtuosas eran las que, conociendo las normas establecidas socialmente, no solo procura adecuar su actuación a éstas, sino que abraza ese modo de vivir porque además de bueno, lo encuentra bello. Y, ¿Qué tiene que ver la belleza?. No tendría que ser necesaria una aclaración, pero la haré: las formas, la coherencia con lo dicho o, en la sociedad de la emergencia democrática en la que vivimos, la virtud de cumplir con una serie de preceptos y compromisos de ejemplaridad.
 Desde la racionalidad instrumental, lo ético es simplemente lo que nos conviene para conseguir un fin determinado. Cuando se practica el subjetivismo ético, se está apelando a un interés en justificar algo, pero la contradicción se da cuando en algún momento, y de forma genérica, ese mismo algo se había criticado e incluso detestado de forma vehemente.
Como decía no quiero juzgar si el Concejal del Ayuntamiento de El Campello señalado como tránsfuga por un informe de la Secretaría municipal lo es o no. Seguramente el letrado municipal habrá analizado la situación, la información aportada y habrá basado sus conclusiones en conceptos legales. Lo que me llama poderosamente la atención es que, existiendo éste informe, se minusvalore de forma subjetiva por el Alcalde, aplicando aquí esa subjetividad ética en función, no de lo que pueda decir la ley, sino de su opinión y su necesidad institucional. Y aquí, se ha situado al altísimo nivel del Sr. Presidente del Gobierno, que pese a la hipotética distancia ideológica que les pueda separar, les une una actitud.
Ya que el Sr. Diputado Pablo Manuel Iglesias ha sacado de la calle y ha llevado el lenguaje coloquial al discurso parlamentario (cuestión que tampoco valoro ni juzgo), creo que debemos adaptarla a la política local a través de una palabra que no tiene traducción clara: menfotisme.
Y ese “menfotismo” es el que se aplica cuando en un informe un funcionario municipal dice una cosa pero se hace otra; y llegados al colmo del “menfotisme” , cuando incluso un funcionario municipal dice una cosa pero él mismo hace otra con la aquiescencia de quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley, o al menos velar por su cumplimiento, como en el caso que nos ocupa, más como excusa que como argumento.

Y termino con una pregunta: ¿Puede un ciudadano normal, un vecino cualquier cuestionar abiertamente la ley, y no solo eso,  sin que esto tenga consecuencias?

miércoles, 15 de febrero de 2017

NUEVAS BASES Y VIEJAS DINÁMICAS.

La acción política que se ve, la que tiene una repercusión y una trascendencia sobre la cotidianidad, se centra en las decisiones que los representantes públicos adoptan desde las instituciones. Pero éstas decisiones tienen un punto de partida: las decisiones orgánicas, o lo que es lo mismo, los partidos y organizaciones a las que pertenecen los representantes electos por la ciudadanía en función de sus preferencias programáticas, ideológicas o tradicionales.
Las organizaciones políticas podrían parecer un mero instrumento electoral pero, ¿realmente son solo eso?. Personalmente estoy convencido que son algo más, pese a que son estructuras prácticamente desconocidas o en su caso únicamente conocidas por los debates o conflictos en la elección de líderes, como puede ser el caso del PSOE en la actualidad.
Pero los partidos, además de las estructuras dirigentes, tiene otras. La primera distinción que podríamos establecer sería entre aquellos que son miembros del partido y los que no lo son. En cuanto a los que lo son, encontramos la figura del afiliado, que paga la cuota sin realizar prácticamente ninguna actividad y el militante, que además de cotizar realiza un trabajo: colabora en las campañas, asiste a actos y reuniones, etc. En cuanto a éstos últimos, Panebianco (politólogo italiano) distingue entre "creyentes", como los que participan guiados por un objetivo colectivo, identificados con el partido, su ideología y su estrategia, que defiende públicamente la línea y la actuación política, y por otro lado los "arribistas", aquellos que participan guiados por un incentivo relacionado con ambiciones ( de poder o estatus), que buscan el beneficio propio. Un tercer grupo: los permanentes. Aquellos que trabajan de forma estable cobrando por ello. En cuarto, tenemos a los dirigentes del partido, responsables de su funcionamiento y cuya actuación podríamos definirlo como tendencialmente oligárquico.
Existen, los que sin ser miembros de partido, se sitúan en su esfera. Podríamos clasificarlos como: votantes fieles (se limitan a votar en las elecciones y solo se relacionan orgánicamente con el partido en período electoral)y simpatizantes (además de votar, defienden y difunden ocasionalmente las posiciones del partido sin compromiso oficial).
Los afiliados y militantes, que fueron los protagonistas en el origen de los partidos ( fundamentalmente los partidos de masas) y lo fueron por su función socializadoras y de captación de votos, han pasado a un lugar residual pese a su presencia redundante en el discurso de los líderes. Y se apela a la militancia en busca de la legitimidad perdida: la opinión pública tiene una visión negativa de los partidos tradicionales dada la separación entre los objetivos declarados en campaña y lo realizado posteriormente, o el discurso que se mantiene en la oposición y su transformación desde las responsabilidades de gobierno.
La figura del militante, con la aparición de nuevas formas de movilización social ha propiciado la aparición de un nuevo concepto: el ciberactivista. Pero ambos, cada uno en su ámbito, son figuras que son utilizadas para la consolidación de la figura de líderes y dirigentes, así como la defensa practicamente acrítica de las posiciones, pese a que éstas sean contradictorias con la línea política e ideológica, dándose un solapamiento respecto al carácter carismático sustentado, no en condiciones "sobrenaturales" o especiales, sino en la capacidad para crear redes clientelares o de intereses en el seno y el entorno de la organización, quizá no como tal, pero si en su dimensión institucional.
Los partidos políticos, en el ámbito estatal o autonómico y también en el local, no han entendido ni asumido que los tiempos en los que vivimos, con unas nuevas herramientas ( internet, redes sociales, etc) no son para seguir haciendo lo mismo y para los mismos, pero una forma más ágil. La emergencia de nuevas formas de movilización y auto organización ,permiten igualmente nuevas formas de control y participación. La creación de redes de información, debate y participación, no solo propiciaría una nueva dinámica de contacto cotidiano, de compartir y difundir información, sino que incidiría positivamente en la progresiva superación de la llamada "brecha generacional": conectar con sectores de jóvenes con media-alta cualificación y acceso a las TICs (tecnología de la información y la comunicación), integrándoles ( o intentándolo) o facilitándoles su acercamiento a la actividad política.

Pero analizar la realidad nos lleva a conclusiones nada positivas. No existe una política de comunicación adaptada y relacionada con la emergencia de una sociedad cada vez más digitalizada y crítica. Por contra, se sigue insistiendo en la "vieja" estrategia, donde ni la militancia, ni la ciudadanía tienen relevancia. Se sigue insistiendo en el papel gregario de la gente y la preeminencia de lo institucional, y ésto supone una ceguera que puede propiciar la vuelta al poder municipal del partido que representa lo más tradicional y, porque no decirlo: en los tiempos de cambio que vivimos, lo más reaccionario pese a la funcionalidad.

martes, 14 de febrero de 2017

ASUMIENDO PROBLEMAS HEREDADOS

El nuevo ( ya no tanto) gobierno municipal de El Campello conocía perfectamente la situación que heredaba. Alguno de sus miembros no eran desconocedores al haber formado parte de la corporación municipal la legislatura anterior. Y éste conocimiento era el que parecía inspirar el discurso del cambio con el que los diferentes partidos políticos ( principalmente Compromís y el PSPV-PSOE) se presentaron ante la ciudadanía. Asuntos como: vertedero, piscina municipal, grúa municipal, parking de la avenida Els Furs, Plan General de urbanismo entre otros.
Sobre el vertedero, la primera actuación fue asumir la presidencia del consorcio, asumiendo igualmente que sus planteamientos reivindicativos dejaban paso a una posición institucional, lejos ( y alejándose) de los que consideró como aliados en el pasado ( los vecinos afectados). Sobre la piscina municipal, el "marrón" fue asumido previamente por todos, a pesar de ser conscientes (creo) de la desproporcionalidad de una obra que no se ajustaba, ni a la sostenibilidad ni a las necesidades. Ahora toca decidir cómo se gestiona, aunque poco margen de actuación tiene el gobierno municipal, algo que sabía perfectamente y que, sorprendentemente no fue planteado previamente: la cuestión piscina fue asumida como un asunto "institucional", asumiendo igualmente las responsabilidades inherentes que ahora deben expresarse en decisiones.
Sobre la cuestión de la grúa municipal, y tras de la decisión judicial, nos encontramos con un servicio en precario sin que ello haya suscitado una asunción de responsabilidades por parte de nadie pese a que supone, directa e indirectamente un costo para las arcas municipales: para todos y todas los vecinos y vecinas. En igual situación nos encontramos con el parking de la avenida Els furs. La diferencia es que el tema todavía está pendiente de decisión judicial, aunque a la vista de cómo se ha actuado, previsiblemente nadie asumirá ninguna responsabilidad y a nadie se le exigirá.
Y un nuevo-viejo tema salta a la agenda municipal aunque, sin ninguna duda, nunca la había abandonado: la organización municipal.
Si había un asunto sobre el que intervenir, éste era la propia organización municipal. La herencia dejada por la derecha no era solo complicada: era simplemente envenenada. Me explicaré.
Para acceder a un puesto dentro de la carrera profesional de un funcionario o funcionaria público, se precisa un proceso: concurso, concurso oposición, oposición libre, donde el principio meritocrático de igualdad, mérito y capacidad debe ser el que defina el procedimiento. Frente a ésto, el PP lo que hizo fue realizar nombramientos a través de lo que que en la administración local es "decreto-ley": el decreto de la Alcaldía. Y ésto vulneraba y vulnera abiertamente, como mínimo el principio meritocrático. Y frente a ésto, el nuevo gobierno municipal la única intención ha sido resolver el problema heredado a través de un instrumento administrativo complejo. una nueva Relación de Puestos de Trabajo. No por su dificultad técnica, sino por la coyuntura legal en la que nos encontramos: límites presupuestarios y retributivos establecidos básicamente en la Ley de Presupuestos del Estado.
Apostar por un procedimiento que nace viciado en su origen no es responsable: la Relación de Puestos de Trabajo del año 2000 fue impugnada por Subdelegación del Gobierno y las condiciones por las que fue impugnada y revocada persisten, por lo que insisto, apostar por una nueva Relación de Puestos desde la que regular lo que actualmente se encuentra en situación irregular es una irresponsabilidad, pues su recorrido parece previamente acotado.
El equilibrio institucional entre las diferentes estructuras y escalones administrativos es una garantía de seguridad jurídica aunque en alguna ocasión ésto pueda parecer un impedimento cuando no una injerencia en la "autonomía municipal". No es posible que una administración vulnere las disposiciones legales por conveniencia. Esta interpretación interesada provoca una paradoja: ¿Cómo puede la administración exigir el cumplimiento de las normas si su pretensión es vulnerarlas?.

La administración local tuvo un desarrollo positivo y dinámico bajo la dirección de un Secretario Municipal ( mi admirado Vicente Boix, desgraciadamente fallecido). La modernización de nuestra administración local fue evidente. Pero las "injerencias" indebidas e irresponsables en el diseño administrativo de los representantes políticos ha creado disfunciones que la han retrotraido a una situación claramente disfuncional, cuestión que se debería haber abordado por el nuevo gobierno como una prioridad. Al no haberse hecho, ahora toca asumir la responsabilidad política, y por supuesto, dar explicaciones sobre una cuestión que personalmente considero central: ¿la administración está al servicio de la ciudadanía?

lunes, 13 de febrero de 2017

UN FUTURO INCIERTO.



La bisoñez de de una formación política que fue capaz de recoger una gran parte del descontento de una ciudadanía harta de élites, ha dejado paso a la madurez de un partido de corte tradicional, con sus contradicciones y sus paradojas, con sus debates y luchas por el poder. La cuestión, como la lógica apunta, es saber como se gestionará el resultado del debate.
Evidentemente, la opción de los y las inscritos e inscritas en Podemos ha sido la defendida por Pablo Iglesias. Los medios la han definido como "radical" en un intento de sintetizar interesadamente el resultado, pero en mi opinión la síntesis no es tan sencilla. Es cierto que la opción del sector ganador de la asamblea general coincide con una máxima que ha sido recurrente en Izquierda Unida: movimiento político, sí, pero también social. Mantener la tensión social y transferirla a las instituciones como supuesta voz de los "olvidados" del sistema. Una síntesis que, pese a ser coincidente con otros precedentes políticos, tampoco es tan sencilla de desarrollar.
La opción defendida por más de un treinta por ciento es la trasversalidad. Y ésta parte de un análisis empírico de los datos sociológicos: la sociedad se sitúa mayoritariamente en el centro izquierda y no en la izquierda radical. Los inscritos e inscritas, ¿han optado por la radicalidad?. En mi opinión no está claro.
En 1979 el PSOE debatió en el 29 Congreso entre mantener los orígenes marxistas u optar por la figura del lider carismático y lo que ésto podía aportar al futuro electoral. No se tuvo en cuenta o al menos no fue relevante en el debate asambleario lo que representaba, pero si se valoró que la figura del líder moderno y conseguidor de votos era importante, quedando la definición tradicional del partido en un segundo plano. En el caso de Podemos ha sido a la inversa, de algún modo: se ha optado por la figura del líder carismático pese a que la línea que representa (políticamente) no sea la que puede llevarles al poder aunque si a mantener una definición ideológica clara y concreta frente al eclecticismo inicial. No olvidemos que la mayoría de votantes e inscritos e inscritas provienen de la izquierda y movimientos sociales anteriormente situados en posiciones prácticamente testimoniales, pero no así los votantes, que provienen de sectores de la izquierda tradicional.
Pero la madurez de ésta formación política contrasta una contradicción que, en mi opinión, trasciende el aspecto normativo que hasta ahora había mantenido Podemos: la democracia. El interesante experimento social de democracia participativa, donde muchos y muchas habían encontrado un instrumento para recuperar la sustancia de un sistema cuestionable. La estructura horizontal, donde cualquiera podía tomar la palabra en el ágora, sin distinción ni discriminación por pertenencia o procedencia ha sido sustituida por los tradicionales órganos de dirección. La "deselitización" ( con la "casta" como máxima) ha dejado paso a nuevas élites. Por otro lado, la integración en el aparato burocrático institucional ha supuesto otra paradoja: la capacidad de adaptación al medio.
Creo que es difícil seguir viendo a la nueva organización de izquierdas como algo novedoso, algo "fresco" y nuevo. Ya son parte de la estructura, y como tal, allá donde se tienen responsabilidades, se siguen dinámicas tradicionales tanto en lo institucional como en lo político. Baste una mirada a esa capacidad de adaptación de las representantes de éste partido en nuestro municipio.
En el futuro, si la unidad estratégica con Izquierda Unida tiene continuidad, podremos observar si el espacio político de Podemos se consolida o simplemente se comprime, ocupando el espectro electoral que sociologicamente parece corresponderle.
Respecto al "sorpasso o sorpassos" que la nueva formación pueda conseguir respecto a la izquierda tradicional ( el PSOE), todo dependerá de la capacidad de reacción de una organización actualmente enfrascada en un proceso de debate interno centrado en la lucha por el poder de diferentes líderes que simbólicamente quieren representar opciones políticas diferentes. No solo la propuesta política será un elemento que incida en la recuperación de la credibilidad perdida, sino una reforma profunda en cuanto al reconocimiento de la nueva realidad y la ambición de, participando activamente en esa realidad, reformarla desde una convicción no instrumental de la democracia.




domingo, 12 de febrero de 2017

LA POLÍTICA SE MUEVE.

Este fin de semana han culminado, en principio, los debates en Podemos y se ha ratificado el liderazgo "tradicional" en la derecha.
En el nuevo partido de la izquierda han triunfado las posiciones lideradas por su carismático máximo dirigente, que lejos de salir tocado del proceso, sale reforzado. Ahora habrá que seguir los acontecimientos para ver como gestiona Podemos la pluralidad que se ha manifestado en su Asamblea estatal. En cambio en la derecha, lo esperado es lo sucedido: nadie se ha movido y todos han salido en la foto. La comodidad en la que se mueve el partido hegemónico de la derecha se sustenta, no solo en esa unidad de destino fraguada por el poder estatal, sino en la inexistencia de una alternativa en el escenario político que pueda hacer peligrar su posición. Es cierto que Ciudadanos parecía posicionarse como una alternativa, pero dado el eclecticísmo en el que se mueve el partido naranja, la indefinición ideológica y el papel de muleta por el ha optado, no parece que pueda seguir restándole apoyos electorales. Y todo ello pese a los sangrantes casos de corrupción que los tribunales juzgan y condenan. Una importante parte de la sociedad española está anestesiada frente a la corrupción, que pese a condenar, legitiman con un voto cuya motivación principal es un profundo conservadurismo de la miseria, no sólo en el sentido económico.
En el ámbito local, las cosas siguen por su camino. El gobierno municipal formado por cuatro partidos, continúa poniéndose de lado frente a una sociedad local que asiste de invitada a la consolidación de un conjunto de políticas continuistas sin que se atisben los cambios esperados. Las manifestaciones realizadas por algunos componentes del gobierno así lo indican: el presupuesto son "habas contadas", entonces ¿dónde se van a introducir los cambios?.
No existe tampoco voluntad de avanzar en mejoras democráticas, y como argumento se "denuncia" en qué se han convertido los plenos ordinarios, donde diferentes colectivos, que hace año y medio eran "aliados" hoy son insoportables vecinos vociferando. No existe voluntad en incidir en el tejido económico local con propuestas o ideas innovadoras. Se sigue confiando, en un gesto tipicamente "rajoyista", a que la propia dinámica mejore la situación o, en su caso, aparezca un mirlo blanco que plantee una iniciativa privada que llevarse a la boca. No existe voluntad de cumplir un punto que parecía la verdadera inflexión entre el antes y el cambio: el empleo. Se siguen destinando los mismos o mas fondos a la partida de servicios extraordinarios, manteniéndose igualmente de perfil ante una estructura administrativa heredada y con más de veinte años de "contaminación". En definitiva, poco más se puede esperar. Únicamente que el presupuesto vea la luz y comprobemos que si, que las partidas asistenciales se han incrementado, pero que a pesar de esa "asistencialidad", otras políticas que inciden directa e indirectamente en la vida de muchos y muchas vecinos y vecinas seguirán esperando su momento.
¿Y los partidos políticos locales?. Nada nuevo en un horizonte ya conocido. Nadie se ha percatado todavía que vivir al "albur" de una sociedad anestesiada, no es una actitud digna de dirigentes políticos. Que ante una sociedad acostumbrada a pensar que "todos son iguales", el liderazgo político hay que trabajárselo al margen de los rituales de campaña.
Todo indica que, pese a que la política se ha movido, se han dado cambios radicales a cómo nos encontrábamos hace unos años; que la emergencia de una sociedad cansada, aunque no se exprese a gritos, sigue existiendo; que existen herramientas, no para hacer lo mismo, sino para dar la oportunidad a muchos de expresarse, todo parece que va a seguir ese perverso curso al que inconscientemente se llama "sentido común" aunque en realidad sean tradiciones heredadas con manifiesta incapacidad para cambiarlas y ponerlas al servicio de la ciudadanía.

sábado, 4 de febrero de 2017

¿PUEDE LA IZQUIERDA INSULTAR A LOS TRABAJADORES PRECARIOS?

¿Existen aún la izquierda y la derecha en el ámbito de la política local? Esa pregunta que se plantea Bobbio (politólogo italiano situado ideológicamente en la izquierda moderada) desde una perspectiva general también sugiere la necesidad de una respuesta en el ámbito local, máxime ante la impresión generalizada de que “todos son iguales”, corroborada por una aparente continuidad en las políticas locales.

 Bobbio, da una definición de derecha frente a izquierda como  conceptos contrapuestos: dos formas de afrontar las necesidades de la sociedad. La existencia de posiciones extremas, tanto en la derecha como en la izquierda existen pero se “tocan” y coinciden en un enemigo común: la democracia (liberal para unos y demasiados derechos para otros). Pero  también existen las posiciones moderadas, entre los que se sitúan los socialdemócratas y los conservadores a los que Bobbio define como progresistas y conservadores, introduciendo una serie de elementos que permiten una mejor comprensión de las diferencias desde una perspectiva histórica. Pero, la tangencialidad en los extremos también se producen en las posiciones moderadas, quizá uno de los problemas de la indefinición de la izquierda en la defensa de la igualdad pese a los tiempos de incertidumbre y conflicto en que vivimos.

 Si tuviéramos que señalar un rasgo definitorio de la izquierda, éste sería el concepto de igualdad (a la que la derecha antepone la libertad, sin que esto signifique que uno y otro lado  deseche ni la libertad en el caso de la izquierda ni la la igualdad en el de la derecha, pero sí cual es el predominante en cada uno de la concepción de la acción política). Ser de derechas o de izquierdas no siempre ha significado lo mismo,  es desde la Revolución Francesa de la que parte tal distinción. En el XIX ya había una forma de ser de izquierdas, que era ser liberal, pues la izquierda se identificó desde sus inicios con el laicismo frente al conservadurismo impuesto por las religiones, la innovación frente a la tradición, la libertad frente a la autoridad, la igualdad frente a los privilegios fruto de herencias aristocráticas, o la fraternidad frente al individualismo.

La democracia liberal-representativa establece como premisa la igualdad ante la ley, pero la izquierda introdujo la igualdad como derecho. Citar únicamente a Marshall (1950) y su obra Ciudadanía y Clase social, que replanteó como una forma síntesis de la evolución histórica de la ciudadanía y los derechos políticos, distinguiendo entre derechos civiles, políticos (garantizados por la democracia liberal) y derecho sociales. Marshal introduce el concepto de individuo, no como portador de derechos, sino de deber social de sostener la comunidad que hace posible el ejercicio de sus derechos. Los derechos, ya no solo eran el pilar del orden capitalista, sino que servían para transformarlo, pasando a ser un instrumento a través del cual la clase trabajadora obtendría la plena pertenencia al Estado moderno en condiciones de igualdad ciudadanía.  

No siempre significaron lo mismo los términos derecha e izquierda. La sociedad ha cambiado, ha sufrido transformaciones. Principalmente hacia una creciente desigualdad que la derecha justifica como algo “natural”, consustancial a la sociedad misma compuesta por seres humanos de desiguales capacidades (el darwinismo social sigue latente). Pero la democracia, como instrumento asegurador de derechos civiles y libertades individuales no ha estado a la altura de las necesidades sociales y económicas que sustentan a una sociedad dual donde no todos tienen las mismas posibilidades de desarrollarse íntegramente en libertad. Las libertades que articulan nuestro sistema, son desiguales: los que más tienen, tienen más libertad lograr un desarrollo pleno. Los que menos tienen, o aceptan sus “designios” o deben luchar por la igualdad. Y ahí está el lugar de la izquierda.

Mientras que otro mundo sea posible; mientras otro pueblo sea posible, la izquierda tiene razón de existir y reivindicarse como instrumento de transformación. Para ello debe redefinir sus prioridades, no solo en el ámbito orgánico, sino para la ciudadanía, para la gente, para esa “mayoría silenciosa” que, sin hacer ruido, existe.

Aceptar, como “mal menor” la desigualdad es una resignación que desdice a la izquierda y la sitúa en el lado opuesto. Aceptar que un trabajador precario debe ser desigual, percibir menos remuneraciones que otro, sin tener en cuenta el contexto pero si el estatus, es un peligroso recurso que sitúa a la izquierda frente a su propia existencia política. Y eso ha sucedido.

En una segunda parte de éste texto de opinión, expondré de forma sucinta, una propuesta que la izquierda gobernante planteó en la Mesa General de Negociación como “mal menor”, justificando lo injustificable como lo haría la derecha: “así podemos repartir la miseria, mejor precario que parado”. Esto, por mucho que intente justificarse, por mucho que quiera ocultarse tras argumentaciones que acusan a otros de la demagogia propia es, simple y llanamente impresentable. El argumento de “no permitir” que un trabajador o trabajadora precario, en situación de clara vulnerabilidad social, por el mero hecho de no acceder a la administración a través de los mecanismos establecidos sino a través de la selección por necesidad y urgencia socio económica, sea peor remunerado pese a realizar el mismo trabajo,  no justifica el insulto sostenido sobre el reparto de la pobreza.

Soy consciente que la huida hacia delante es acusar a quien cuestione ese reparto de pobreza de demagogo o enemigo, pero el capital simbólico que concede pertenecer a un partido de izquierdas, haber sido elegido en una candidatura de izquierdas y reclamarse de izquierdas, no justifica que se insulte y maltrate a trabajadores y trabajadoras cuyo único pecado es ser una víctima de la desigualdad impuesta.


sábado, 21 de enero de 2017

EXIGENCIA ÉTICA

La redundancia es una repetición de significados, quizá innecesario pues pretende expresar una idea ya expresada. En el caso de la auditoria solicitada por Esquerra Unida al Pleno, encontramos una redundancia de significados y significantes.
En el texto del acuerdo entre los diferentes grupos y partidos políticos que propició la investidura en la presente legislatura, en su punto 9 podemos leer:
"Hacer una auditoria pública para conocer la situación real de las cuentas del Ayuntamiento y facilitar información respecto del destino concreto de los gastos, al igual que se conoce el origen de los ingresos".
E 28 de enero de 2016, EUPV presenta la propuesta al Pleno municipal por primera vez. Y lo hace tras una salida abrupta del gobierno municipal. La coalición de izquierdas considera ( y consideraba en el texto de la moción presentada hace un año) que es una exigencia ética previa a la aprobación del nuevo presupuesto la fiscalización de las facturas pagadas por el gobierno que precedió al actual. Esta exigencia, absolutamente legítima, debe entenderse extendida igualmente al actual gobierno, del que Esquerra Unida formó parte, por lo que la propuesta debería, por lo tanto extenderse al año y medio del actual gobierno, a menos que Esquerra Unida considere que ha fiscalizado la acción económica-financiera de forma adecuada.
Dicho lo cual, y partiendo de la legitimidad de la propuesta y la corresponsabilidad del resto de grupos firmantes del acuerdo de investidura, la pregunta es, ¿ será aprobada la moción?.
Las respuestas del resto de grupos políticos fueron, de forma resumida y sintética ,en la línea de: "ya se está realizando a través de los mecanismos institucionales; que la auditoria paralizaría los pagos, la necesidad de respeto y confianza en la estructura burocrático -administrativa y la posibilidad de que la totalidad de representantes acceda a las facturas.
Es un hecho que la legislación vigente, contempla un compromiso con la fiscalización y el control, clasificándola en tres mecanismos concretos: control interno (intervención), externo (tribunal de cuentas) y político ( pleno municipal). No obstante, y al margen de la posible "depuración" de responsabilidades en pagos y gastos, la nueva dinámica de exigencia social añade un aspecto relevante: la información y la transparencia. Información en cuanto al destino finalista de los fondos públicos, y transparencia en cuanto al porqué y para qué o para quién. Y en esta cuestión, la actual administración está igualmente lejana que sus predecesores, dinámica que hipotéticamente venían a cambiar.
Al margen del debate en si de la auditoria solicitada, existe un hecho relevante, y este es el equilibrio político existente en la actualidad en la corporación. Si Esquerra Unida solo cuenta con e apoyo de Ciudadanos y la oposición del resto de grupos, difícilmente saldrá adelante, al igual que difícilmente saldrán adelante las cuentas municipales al existir, en principio, una exigencia previa de uno de los grupos que escenificaron el cambio en 2015.
En la actualidad existe un gobierno compuesto por Compromis, Grupo Socialista, Partido de El Campello y Demócrates. Todos ellos suman 9 representantes: faltan dos para sumar el apoyo suficiente que permita, en general, sacar adelante las propuestas de interés colectivo. En el caso del Presupuesto, ésta exigencia no se aplicaría al estar las cuentas municipales prorrogadas desde 2014, algo que permitiría que, pese a la oposición del Pleno, pudieran ser aprobadas por la Junta de Gobierno. Y éste extremo, siendo funcional para la dinámica administrativa municipal, plantearía un escenario poco positivo, pues significaría, en mi opinión, que las cuentas que probablemente se aprobasen serían las únicas de la legislatura, un hecho que empobrece la propuesta de cambio que sustentó la investidura. No obstante, podríamos encontrarnos con una propuesta económica radicalmente diferente a las anteriores; una propuesta realmente de cambio, con la articulación de mecanismos previos de participación e incluso un cambio de paradigma: unos presupuestos sustentados en una propuesta colectiva, explicada y susceptible de control político y social. Podríamos encontrarnos con un presupuesto que realmente significase un cambio, con programas de empleo, bienestar social y promoción económica basados en conceptos como la equidad, como igualdad en la redistribución del producto final; solidaridad como compromiso de inclusión social y cultural etc. En éste hipotético caso, Esquerra Unida tendría que modular su exigencia, priorizando las necesidades frente a su legítima exigencia ética de conocer la gestión anterior.
No obstante, considero que es necesario que la ciudadanía conozca y tenga la información veraz necesaria sobre la gestión presupuestaria, y en ésto coincido con la exigencia ética de implementar una sólida política pública de información que propiciase un mejor y mayor conocimiento y por lo tanto, participación por parte de la ciudadanía, algo que posiblemente permita el progresivo emponderamiento social, elemento imprescindible en un nuevo escenario político donde ciudadanos y representantes se sitúen definitivamente en un mismo plano.


miércoles, 18 de enero de 2017

LA SUSTANCIA DE LA DEMOCRACIA.

"La fuerza siempre está de parte de los gobernados". Estas palabras de Hume resume un sentimiento, una necesidad que se exige a la democracia. Pero ésta palabra tan repetida como recurso o argumento para exigir o reivindicar la legitimidad de las decisiones políticas ha concitado diferencias y discrepancias acentuadas por el incremento de las desigualdades y pobreza, presentándola como un instrumento inútil para garantizar la igualdad y la justicia.
Mandar significa movilizar recursos ( impuestos), y esa movilización requiere un consentimiento. El ejercicio del poder, como afirmó Weber, conlleva fuerza o persuasión, y no existe dominación sin consentimiento. La veracidad de la frase de Abraham Lincoln, en su famoso discurso de Gettysburg ( "la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo) ha perdido veracidad a lo largo de la historia y con el desarrollo de la democracia se ha "abandonado la idea de que el pueblo gobierna, asumiendo que, mediante la movilización el pueblo apoya o se opone a los gobiernos" (W.Lippman,1925).
La opinión pública, ese recurrido término, difuso e inconcreto, ha tomado cuerpo tras el estallido de la crisis financiera, cuestionando el sentido mismo de la democracia representativa por considerar que se ha reducido a un mero proceso formal de selección de "élites". Una parte de la sociedad exige una revisión a fondo del paradigma de la democracia liberal y una recuperación sustancial que recupere derechos económicos y sociales como fundamento y esencia del autogobierno moral. El sistema democrático liberal-representativo con componentes de republicanismo solo en el ámbito normativo ( una supuesta ciudadanía más activa con una ampliación de la participación y una cobertura de las necesidades básicas y otros derechos sociales y culturales cuya pretensión en origen tenía como objetivo la amortiguación de las diferencias de clase) es un mero recurso discursivo pero no un componente del sistema. Las deficiencias de la democracia representativa derivan de que el puro enfrentamiento de intereses privados limita la representación de los más desfavorecidos propiciando una atrofia del control popular, la perpetuación de estructuras de privilegios y el imposible intercambio de papeles entre representantes y representados.
Se exige una mayor participación pero la realidad es que ésta exigencia ciudadana no es generalizada : la sociedad civil es una realidad desestructurada por un sistema que ha "impuesto" un sistema de agregados sociales como forma de mayor y mejor control: los grupos sociales están siendo sustituidos y la opinión pública agregada se limita únicamente a las convocatorias electorales, único instrumento admitido por una estructura, todavía, eminentemente elitista, cuyo pragmatismo centra la relevancia en la traducción de la opinión pública en votos. Pero ésta ucronía ( visión apocalíptica del futuro) parecía tener una solución: las alternativas del cambio.
En el ámbito estatal surgieron voces que reclamaban otra política para otro sistema. Y éstas voces fueron recogidas, de forma práctica o retórica por algunos y combatida como claramente disfuncional por otros. Los que asumieron las reclamaciones sociales pusieron en practica unos mínimos principios de democracia directa que, pasado el tiempo les dejó de ser útil. En casos muy cercanos, la adaptación funcional al medio que venían a "cambiar" ha desdibujado los objetivos, convirtiéndolos en meros relatos simbólicos sin que hayan existido aplicaciones directas mediante políticas públicas concretas. El compromiso de "mejorar" la democracia ha dejado paso, de nuevo, a la "eficacia" en la gestión: la administración municipal sigue pudiendo ser definida como una administración de corte tradicional escondiéndose tras el difuso término de "interés general". La esperanza en un cambio se ha paralizado a causa de la limitación "weberiana": la política y la administración siguen siendo espacios separados, quedando al "margen" de la política de cualquier cambio la estructura burocrática, algo consustancial al cambio preconizado por suponer la administración al servicio de la ciudadanía y no como parece ocurrir en la actualidad.
Por otro lado, es necesario incluir en éste contexto una cultura política donde la actitud que prima es la de una ciudadanía mayoritariamente pasiva, mera receptora de servicios, donde la opinión pública queda restringida al ámbito discursivo ( privado), algo que beneficia a la aparentemente perenne estructura elitista.
La superación de la creencia de que a política es cosa de "políticos" es una premisa en un necesario proceso de resocialización política donde los partidos y organizaciones políticas sean el motor de un cambio que la sociedad espera y necesita por una cuestión meramente vital: su supervivencia como sociedad colectiva donde la deliberación conjugue intereses colectivos con individuales sin negar conflictos, pero apelando al consenso social en torno a ese viejo pero necesario principio de a política: el bien común.
El análisis de lo que pasa o debería pasar debe partir de un marco conceptual, pues de lo contrario se continuará ignorando e incluso despreciando las opiniones contrarias suscribiendo solos las coincidentes, en una clara patología social que seguirá propiciando redes clientelares y sectarias que vacían de contenido sustancial un sistema que, incluso en lo más cercano, debe garantizar derechos sociales y libertades políticas, sin limitar la democracia a los rituales cuatrianuales.