Por un lado, la política
municipal, como he opinado en otras ocasiones, se encuentra en un
impás al que me he referido como una potencial legislatura fallida.
Las razones las he expuesto en diferentes ocasiones y no voy a
referirme nuevamente a ellas. Si acaso, resumirlas nuevamente en una
situación marcada y definida por un exceso de tacticismo
personal-partidario. La cuestión, al margen de los difíciles
equilibrios políticos, son las políticas.
En mi opinión, creo que
los representantes públicos no tienen demasiado claro el significado
de política pública. No cualquier acción puesta en marcha desde el
gobierno municipal forma parte de una política pública, pudiendo,
en su caso circunscribirlas en una cierta inercia de actos que son
aceptados como parte del sentido común: fiestas, celebraciones,
programas conveniados, etc.
La primera incógnita es
la propia definición de problema público, algo sobre lo que se
debería reflexionar para evitar la confusión con un conflicto
puntual o intereses de un determinado colectivo. La segunda incógnita
es la definición de la agenda política donde las políticas
públicas se concreten en planes. En este aspecto, deberíamos tener
en cuenta los actores que influyen o desean introducir asuntos en a
agenda pública, así como los instrumentos que el gobierno municipal
está dispuesto a poner en manos de la sociedad más consciente para,
conjuntamente, mejorar la calidad democrática en el establecimiento
de la agenda. Y en un tercer lugar, la implementación de las
políticas públicas acordadas o impuestas. Su implementación debe
ir dirigida a mejorar una situación negativa o que afecta
negativamente a un determinado sector de la sociedad.
Evidentemente, para
llegar a la implementación es necesario establecer, no solo líneas
democráticas , sino que deben trabajarse amplios consensos y
sociales para que un problema sectorial sea percibido como un
problema colectivo, y podríamos poner un caso: el vertedero.
Este problema afecta,
aparentemente, al sector de la sociedad local que vive en torno a la
instalación, ¿o no es así?. Por parte de los colectivos
implicados, se deben diseñar estrategias que impliquen a otros
sectores, y por parte de la administración, articular mecanismos
que, de forma trasversal, integre a diferentes sectores y colectivos
locales: que se pueda visualizar como un problema colectivo y no de
un sector determinado ya es un avance que puede mejorar el
entendimiento y el dialogo.
Igualmente, las
propuestas deben contener un cierto grado de flexibilidad, teniendo
en cuenta diferentes factores endógenos del problema: complejidad en
el tratamiento de los residuos, empleo asociado, etc.
En definitiva, y para ser
propositivo, creo que la conveniencia de una mesa de dialogo más
allá del dialogo sectorial administración-afectados es más que
interesante. Una mesa con una composición diversa, donde
ecologistas, afectados, empresa, representantes de trabajadores, etc
se unan en un objetivo final: la mejora de la situación desde la
concepción de que el problema es colectivo y complejo, y la
situación no deseada afecta no solo de los que viven cerca de la
instalación.
