Existe o se ha puesto de moda (mejor
dicho), una nueva costumbre entre los representantes públicos: hacer
balance. Y se hace, no desde el debate público, donde poder
presentar datos y argumentos: se hace desde la parcialidad. O lo que
es lo mismo: en defensa de una supuesta buena nota, aunque ésta sea
una autoevaluación, si se quiere, intituitiva como mucho.
La intuición dice que la experiencia
ha sido buena, pese a quien pese y pese a todo. Y esa misma intuición
está guiada por un objetivo tácito: crear un relato en torno a los
representantes políticos que, de alguna manera, apuntalen su
posición obviando las debilidades, aunque se haga referencia a ellas
de pasada.
Para evaluar la política realizada se
precisan instrumentos analíticos, algo de lo que normalmente se
prescinde. Estos, se sustituyen por una especie de prolongación de
la campaña, ahora sustentada por actuaciones llevadas a cabo en una
especie de curriculum que sirva de examen parcial. Pero este examen
parcial debería poder ser auditado por la ciudadanía, algo que no
será posible al asumir, aunque desde un talante presuntamente de
humildad ( a diferencia de sus antecesores), que el estatus adquirido
“por la fortuna de las sumas y restas electorales”, les confiere
la posibilidad y la capacidad de autoevaluarse en nombre de la
ciudadanía.
Pero esto importa poco a esa ciudadanía
que asiste, entre indiferente y ausente ( si exceptuamos a una
minoría que asiste, o entre la adhesión partidista o entre un
hipotético activismo vecinal) a los acontecimientos o a la ausencia
de éstos. El hecho de que cuestiones como el PGOU se aborde como
“lleno de limitaciones”, no le dice nada a esa ciudadania
indiferente aunque debería indicarle algunas cosas. Que se “presuma”
de espiritu de consenso, cuando el bloque que elevó a los cielos
institucionales al actual gobierno minoritario se rompió a los pocos
meses, parece decirle poco a la ciudadanía silenciosa ( término
acuñado en su acepción moderna por la derecha para referirse a
todos aquellos que, con su inactividad cívica; al no asistir a
manifiestaciones y similares, mostraban “explicitamente” su
aceptación a las políticas desarrolladas). Poco parece decirle o
poco significa para la ciudadanía que los cambios sustanciales no
hayan llegado. Y sí, es cierto, no existe parálisis municipal. Y no
existe simple y llanamente porque para la gestión diaria casi se
podría prescindir de los representantes.
No obstante hay que ser honesto y
reconocer algunas virtudes demostradas a lo largo del año de
gobierno que ha pasado. Virtudes como la de ser personas cercanas,
que aunque no sea una virtud política, si es valorada por la gente
como algo deseable, aunque en ocasiones pueda ser solo una pose.
Virtudes en cuanto a la posición frente a determinados asuntos,
aunque esta posición suponga un más que evidente continuísmo
respecto al anterior gobierno.
Y como muestra un botón: la piscina.
Esta instalación será licitada para que una empresa haga negocio (
debe ser viable). Y esto, que en principio no es ni bueno ni malo (
una simple opción de gestión), denota ese cierto continuismo al que
antes me refería al desechar la búsqueda de otras vías de gestión
mixta o colaborada entre empresas privadas, colectivos sociales y
administración, por ejemplo. La autolimitación es un serio
condicionante, y éste se produce cuando se llega a una
administración, a una institución “viciada” por décadas de
gobierno personalista y caprichoso de la derecha y no se cambia casi
nada en su funcionamiento interno: siguen apoyándose en las personas
en las que la derecha confió plenamente más de veinte años. Y
ésto, no me parece lógico. Y no quiero decir que se deba o se pueda
prescindir de funcionarios públicos por su vinculación o “adhesión”
partidista ( que los hay, y muy “vinculados”), simplemente que,
como mínimo, el intento de abrir la administración de forma real y
efectiva a la participación social, habría puesta en evidencia, por
ejemplo, “sobresueldos” que siguen premiando a los que antes
premió la derecha, por ejemplo.
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