jueves, 14 de diciembre de 2017

Los servicios municipales (la biblioteca como excusa)

El debate actual en torno a la mal llamada municipalización de los servicios públicos (los servicios impulsados por acuerdo municipal son de propiedad pública siempre, hasta que no se decida lo contrario por el órgano competente) se sustenta en un planteamiento claramente favorable a los modos de gestión públicos frente a los modos de gestión indirecta a través de contratos con sociedades mercantiles: la corrupción, el clientelismo y un mercantilismo de beneficio desmedido ha incidido de forma determinante en la irrupción de éste debate.
Y tras éste debate subyace, en el marco de lo que se denomina la Nueva Gestión Pública, una dicotomía en cuanto al enfoque de dicha Nueva Gestión: la neoempresarial y la neopública. Ambas parten de la necesidad de mejorar la prestación de determinados servicios. El primer enfoque, hace hincapié básicamente en factores económicos: eficiencia presupuestaria, ahorro económico y de recursos, etc. clientelizando a la ciudadanía receptora de los bienes y servicios. La segunda, propone introducir una dimensión ético-valorativa, a través de una repolitización de la gestión, la racionalización de las externalizaciones y la introducción en los procesos político administrtivos de participación de la ciudadanía como sujetos finales de los servicios y políticas públicas. Personalmente, me adscribo a la segunda, pero no de una forma, digamos, ortodoxa, sino flexible y básicamente posibilista. De ahí que el debate sobre la gestión de algunos servicios municipales lo entienda en un contexto, no de subjetivismo ideológico, sino de la viabilidad en función de un fin: la justicia social y la solidaridad.
La hegemonía de posiciones neoempresariales ha mercantilizado la gestión de los servicios, y ésta solo puede superarse desde una alternativa, como decía neopública, que avance en la dotación de valor público a los servicios y políticas, o lo que es lo mismo: estableciendo una mínima corresponsabilidad con la ciudadanía, considerando a ésta no solo como receptora, sino incluso como potencial gestora, algo que sin duda incidirá de forma más potente que cualquier tipo de eslogan retórico en las redes sociales en ese deseable clima de complicidad social que ayude a superar la desafección de una ciudadanía que ve la administración más como un problema que como una herramienta para mejorar su vida.
Las propuestas de gestión directa que presenta de forma recurrente Esquerra Unida adolecen, en mi opinión de una parte propositiva, centrándose únicamente en una posición normativa sobre lo que "debería ser la gestión" y no sobre cómo concretarla, a menos que la única vía propuesta sea el incremento de plantilla. Olvida posibles instrumentos como, el autoempleo, el cooperativismo, el empoderamiento de los y las trabajadoras a través de sus propias iniciativas. Antepone la calidad del empleo público y una supuesta calidad del servicio al ser prestado por funcionarios. Y, siendo cierto que a través de funcionarios se asegura su continuidad, no comparto que así sea respecto a la calidad, pues ésta depende de la iniciativa política. Y mi reflexión es , si el ente local se ha decidido por la comodidad del contrato privado sin más ¿será eficiente en la gestión de los servicios públicos prestados directamente?. Por otro lado, y siendo la democracia un sistema "in tempore", ¿quién asegura que los trabajadores públicos, al igual que otros en la plantilla municipal no acaben realizando otras tareas o que incluso acaben duplicándose recursos ( y gastos)?.
Creo que la idealización del empleo público como paradigma y "única" solución a un escenario de precariedad no es, ni responsable ni posible: defendiendo los derechos laborales para unos se acaba olvidando esa misma justicia para otros muchos y muchas. Y si de nuestra administración local hablamos, sería igualmente necesario valorar las reformas y ajustes necesarios para que los "derechos" (servicios extraordinarios y productividad) no continuasen siendo un lastre para la implementación de políticas socio económicas.
En resumen, creo que la aprobación de la propuesta de "municipalización" del servicio de biblioteca debería al menos servir para abrir un debate sobre la gestión de los servicios municipales hoy gestionados indirectamente o en perspectiva de serlo. Pero más que una decisión unilateral y atendiendo a esa "temporalidad" sobre la que la democracia descansa, debería ser motivo de un acuerdo lo más amplio posible que, siendo flexible, asegurase un criterio de mínimos sobre cómo recuperar la gestión directa o en que incidir en los pliegos de condiciones para introducir medidas de contenido social y derechos laborales para los trabajadores, al tiempo que se potencia una apertura a la participación social para la definición de los servicios asegurando la continuidad y calidad de los mismos.

domingo, 26 de noviembre de 2017

EXIGIR RESPONSABILIDADES, POR RESPONSABILIDAD.

En el diario Información de hoy 26 de noviembre, aparece una noticia (más) que define, entre líneas, la "calidad" de los dirigentes políticos locales. El titular dice " El Campello rechaza asumir el coste de levantar el nuevo cuartel de la Guardia Civil...". Más adelante, en el cuerpo de la noticia, "explica" que el Alcalde no está dispuesto a abonar la construcción (1,5 millones).
Existen varias contradicciones en el relato informativo que el diario Información transmite a la vecindad campellera. Por un lado, el Alcalde no es quien tiene que decidir si asume o no el pago de esa obra, al no disponer el gobierno de mayoría suficiente como para acordarla. Por otro, El Campello NO rechaza abonar la obra, como más adelante explica, sino que no puede hacerlo "gracias" a una parte relevante de la herencia que la derecha gobernante durante más de veinte años ha dejado, no para el actual gobierno, sino para el pueblo de El Campello.
El grupo popular, que presenta ésta moción ( o cede parte de sus concejales para aprobar el plan económico financiero de la Piscina Municipal que debieron realizar ellos junto con el proyecto) es el grupo mayoritario en la oposición y aspirante a volver a gobierno, y lo que todavía tengo que explicarme es esa "orientación de súbdito" sobre la que la derecha se apoya para afirmar su legitimidad: una ciudadanía que acepta sumisa la sucesión de irresponsabilidades y que todavía les sigue confiando su voto. Claro, aquí se podría aducir que existen condicionantes diversos para explicar ese "voto de súbdito", como la ausencia de una alternativa clara que pueda concitar el apoyo mayoritario, y así lograr un gobierno estable.
Por otro lado, creo que es interesante centrar el foco de la atención: por una parte, el cinismo de la derecha al reclamar cosas que sabe imposibles al ser responsables directos de las circunstancias que van a condicionar la vida económica municipal de forma importante,y por otra, la falta de carácter de un gobierno que no señala y exige responsabilidades a los que, por sus decisiones, nos han situado en esta imposible encrucijada.
El Alcalde, quizá imbuido por el estatus que confiere el cargo, se "arrogó" ante el Delegado del Gobierno la potestad de decidir si se financiaba la obra o no, para posteriormente darse cuenta de que la situación de las arcas municipales era extremadamente precaria ,"gracias" a las decisiones de los gobiernos de la derecha, pero sin mencionar siquiera esa responsabilidad; no digamos iniciar las acciones necesarias para defender los intereses de los y las vecinos y vecinas.
Las reclamaciones "millonarias" de los afectados por la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana van a condicionar, al igual que la indemnización por el parking de la Avenida Els Furs, las cuentas municipales. No disponer de un superavit construido sobre las espaldas de los vecinos, va a ser una responsabilidad que, pese a heredada, y repartida con el "sheriff Montoro", van a tener que asumir los actuales miembros del gobierno municipal. Y todo ello, sin iniciar, como decía, acción alguna para dirimir las responsabilidades políticas y técnicas, porque digo yo, que a parte de la decisión irresponsable de un político habrá existido un apoyo técnico, ¿no?.
El cinismo político nada tiene que ver con aquella escuela filosófica que propugnaba una actitud prácticamente antisistema y rechazaba la moral aceptada. Tiene más que ver con la primera acepción de la palabra en su sentido moderno:actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación.
A la vista, tanto de la debilidad del gobierno municipal, como de una oposición claramente anclada en el "cuanto peor, mejor", personalmente doy por perdida la presente legislatura, aunque seguramente todavía veremos cosas que nos sorprenderán o que a lo peor, nos enfadarán mucho. Las perspectivas no son demasiado halagüeñas, aunque como dijo aquel, la esperanza es lo último que se pierde.
Como bien afirma Ulrich Beck ( autor de la obra La Sociedad del Riesgo), "El ciudadano que quiere resolver los problemas que no han sabido ni prever ni evitar los especialistas, se los encuentra de nuevo entre sus manos. No tiene otra solución que mantener la delegación ( a los políticos y especialistas), pero multiplicando esta vez los dispositivos para controlarlos y vigilarlos.


 No se si hemos aprendido algo o todavía nos queda mucho por aprender.

sábado, 4 de noviembre de 2017

ASIGNAR RESPONSABILIDADES: PREMIAR O CASTIGAR.

Lo habitual en los artículos de opinión, es abordar ese asunto que centra o pretende, por interés, oportunidad o necesidad, el debate político local. No me evado, como opinador impenitente, de abordar desde una perspectiva opinativa los asuntos locales, pero en más de una ocasión intento, a través de los textos de opinión que publico en mi blog ( lahojarojadelcampello.blogspot.com) o que amablemente me publica Radio El Campello o el periódico La Illeta del grupo Costacomunicación, plantear cuestiones de fondo que considero interesantes para superar el legítimo análisis subjetivo que supone la opinión pública discursiva sobre los asuntos que puntualmente van surgiendo en torno a la actividad municipal. En ésta ocasión he decidido centrarme sobre el concepto de responsabilidad como exigencia referida a la acción política respecto por parte de la ciudadanía como electores.
En los últimos tiempos, no solo en el ámbito local ( también en el autonómico y en el estatal) se ha producido un cambio. No tengo muy claro que sea una variación intemporal de los equilibrios electorales . Fruto de las consecuencias provocadas por la cruel crisis económica, emergió un movimiento que ponía cara a la insatisfacción con el sistema político. Al grito de "no nos representan", se movilizaron miles de personas que exigían más y mejor política; más y mejor democracia definitivamente. Nuestro sistema democrático se vio sacudido por un cambio de paradigma que, como decía, no podría afirmarse con rotundidad que suponga una enmienda al sistema electoral, aunque de facto si lo ha cambiado: hemos pasado de un sistema mayoritario y bipartidista a uno de consenso ( en los términos que definió Lipjart los modelos de democracia: mayoritaria y consensual). Y ésto ha traído consigo un cuestionamiento quizá menos evidente o explícito que sobre el de la representatividad ( que requeriria un texto específico) pero no menos importante: la rendición de cuentas, la asignación de responsabilidad sobre las políticas o sus efectos.
La democracia representativa, entre otras cuestiones tiene como fundamento la rendición de cuentas. Desde esta perspectiva se presentan las elecciones periódicas como el instrumento del que dispone la ciudadanía para exigir responsabilidades a los gobiernos sobre sus políticas, cumplimientos, incumplimientos, etc. Existen dos perspectivas que analizan qué juzga la ciudadanía: si las políticas o los efectos. Pero para juzgar cualquiera de los dos conceptos es preciso analizar la forma del gobierno, pues de lo contrario el objetivo de la asignación de responsabilidades, positivas y negativas, con su premio y su castigo, será muy difícil. Igualmente, la variable referente a los factores exogenos a la propia acción política debe valorarse, sobre todo respecto a las estrategias justificativas, un terreno en el que vemos como en demasiadas ocasiones los políticos intentan construir relatos y estrategias discursivas con el objetivo de evitar la rendición de cuentas. Pero, no está tan claro que juzgar políticas sea sinónimo de asignar responsabilidades.
Respecto a la forma de los gobiernos, podríamos considerar que es más fácil para asignar responsabilidades es un gobierno mayoritario monocolor, pues al centrar la totalidad de recursos en un único actor, podría parecer más sencillo. En gobiernos minoritarios de coalición, la asignación puede diluirse al ser diferentes actores los que se reparten los recursos . En éste último caso parecería que la única manera es la asignación de responsabilidades de forma colectiva, premiando o castigando a la coalición como si fuese un único actor. Pero, ¿realmente es así?. Factores como las estrategias comunicativa, el nivel de cumplimiento de los acuerdos comunes ( en caso de existir) e incluso el nivel de lealtad entre los coaligados ( el no poner en tela de juicio las decisiones ni denunciar las acciones u omisiones de otro socio), pueden definir un escenario donde, desde la dificultad, sí puedan asignarse responsabilidades.
Pero, la asignación de responsabilidades en un gobierno de coalición tiene su aspecto negativo: llegado el período electoral, ¿cuales van a ser los argumentos políticos de los diferentes actores para buscar el premio y evitar el castigo de los electores?. Aquí es donde entra otra cuestión troncal de la democracia: la representatividad, que al igual que la responsabilidad, se diluye en un discurso de lo colectivo donde los objetivos no declarados pero claramente explícitos se relacionan con el papel que cada uno de los actores persigue o desea. Podríamos utilizar la metáfora de la mesa: si ser tablero o ser simplemente una de las patas.
En el próximo texto, la representatividad, una cuestión que parece querer solaparse pero que es una de las esencias del sistema democrático y a través de la que se puede igualmente exigir un cierto nivel de responsabilidad sobre diferentes aspectos.
Para finalizar, mi opinión, siendo positiva sobre la pluralidad como reflejo consustancial de la sociedad, considero que una preservación mínima de la representatividad sería deseable para no vaciar nuestro sistema de contenido.

jueves, 26 de octubre de 2017

¿LA POLITICA DE PERSONAL, ES POLÍTICA?


Teniendo en cuenta solo la etimología de la palabra "decisión", la cuestión se plantea sencilla: decidir significa, ir descartando opciones hasta que nos quede una. En nuestra vida privada tomamos infinidad de decisiones, a veces de forma consciente pero otras no tanto ( quizá automaticamente). En abstracto, esto significa que existen alternativas para muchas de las acciones que realizamos: decidir tomar un café o no, esta o aquella ropa, etc. Esto significa que tenemos diferentes alternativas sobre las que podemos decidir.
Los ejemplos sencillos a los que anteriormente hice referencia, ponen de relieve dos elementos: la decisión implica, por un lado, un acto de voluntad, y por otro la existencia de alternativas. si no existe ese acto, y no existen alternativas, no hay decisión pese a la voluntad que se pueda tener, que no es más que un deseo o un interés.
Personalmente, lo que me interesa es el aspecto racional del acto de decidir en política y, en concreto, en relación a las políticas públicas. Y en éste interés coincido con lo que expresa Bobbio (1996): el acto de decidir, considera en si y por si, es de escaso interés analítico.
He planteado que el proceso de decisión implica una voluntad y la existencia de alternativas, pero me gustaría añadir otro elemento que considero importante: el proceso a través del cual se llega a la elección de una u otra alternativa, como proceso de acciones y decisiones que determinan finalmente la decisión política.
Estudiar un proceso de decisión supone analizar los mecanismos a través de los que se "decide decidir", las alternativas y el resultado final que, por otro lado también puede ser "decidir no decidir". Y esto, me lleva a un nuevo elemento: la decisión política debe conllevar una potencial transformación en el aspecto de que se trate.
A menudo, las decisiones vienen condicionadas por los medios de que se dispone, aunque no siempre es tan sencillo. Hay que ir más allá, pues la decisión puede tener más que ver con objetivos deseados que con los medios. El dilema de si la elección se debe a los medios o a los fines es algo que en política podríamos considerar crucial.
Otra cuestión de una decisión política son las consecuencias, directas o indirectas, reales o potenciales sobre lo colectivo algo que requiere un análisis concreto y claro, pues cuando hablamos de políticas públicas, hablamos siempre de "ganadores y perdedores" ya sea material o simbólicamente, algo que se debe considerar en su aspecto más empírico: la necesidad sobre la oportunidad.
Política pública es, como definición de manual, "el conjunto de acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público". Y, en éste contexto, ¿la política de personal, como la podemos considerar; como deberíamos analizarla?. Es necesario tener en cuenta que el capítulo 1 (personal) es uno de los más importante en las cuentas municipales. Si a éste capítulo sumamos unos condicionantes legales que limitan subidas salariales, ¿ como se debe interpretar el objetivo de integrar en los conceptos retributivos fijos uno variable "concedido" subjetivamente?, ¿como deberíamos valorar que los servicios extraordinarios se hayan incrementado exponencialmente superando en mucho el uno por ciento que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado como límite. Si además tenemos la opinión de un experto en derecho administrativo que indicó en su día la imposibilidad de incrementar complementos fijos, apuntando incluso la necesidad de bajarlos en los niveles más altos de la estructura administrativa local,¿ en qué contexto nos encontramos?, ¿cómo se conjuga voluntad con realidad y, sobre todo, con responsabilidad?.
La voluntad es un deseo que puede tener en política lecturas éticas diversas: si destinar más fondos a una partida que a otra, prioridades sobre necesidades, intereses particulares sobre colectivos, etc. Y, evidentemente el representante público electo tiene la legitimidad de tomar la decisión que considere pero, en el contexto de desafección en el que nos encontramos, donde la política no parece ser la solución para resolver los problemas sino un problema más, el representante tiene una obligación igualmente ética: explicar porqué toma decisiones que afectan, directa o indirectamente a lo colectivo. Y las decisión sobre ignorar reparos legales, seguir instalado en la irregularidad, seguir potenciando partidas presupuestarias extras de gastos de personal, precisa una explicación , máxime si existe un objetivo absolutamente torticero expresado explicitamente en forma de "a ver si cuela".
En mi opinión uno de los objetivos que tenía la voluntad de cambio político expresada por la ciudadanía en las urnas fue el cambio. Pero la palabra cambio, no solo como recambio de personas, sino como decisiones que beneficiasen a una mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Y en éste aspecto parece que ha caído en el olvido el objetivo de poner a la administración al servicio de la ciudadanía, rompiendo inercias, no a través de una "admirable adaptación", sino de toma de decisiones que, evidentemente, siendo ingratas, aparentemente son necesarias si el cambio es real y no una mera metáfora retórica de un relato fundado únicamente sobre recursos simbólicos con objetivos electorales ( en los que, por cierto, unos tienen posiciones relevantes y otros aparentan ser meros acompañantes)
Y como cualquier critica, argumentada o no, parece ser merecedora del calificativo de "demogógica", cuando no de desleal e incluso de ir contra un gobierno progresista, simplemente decir que nada más conservador e incluso reaccionario que seguir con una inercia heredada de un gobierno que aplicaba la discreccionalidad en su gestión de los recursos burocráticos. Los gobiernos tienen la legitimidad que les da la ley, pero no disponen de una reserva de la misma a lo largo de todo un mandato, sino que deben ir ganándosela decisión a decisión, pues de lo contrario, ni las etiquetas simbólicas son lo suficientemente sólidas como para merecer una lealtad incondicional.

lunes, 9 de octubre de 2017

¿QUIÉN NOS REPRESENTA?

La pregunta no es retórica, ni encierra ningún sarcasmo. En todo caso, una sincera preocupación.
Las elecciones locales de 2015 carecieron de una lectura clara más allá de la posibilidad de situar al PP en la oposición. Y, siendo ese objetivo importante, demasiado pronto se pusieron de manifiesto las debilidades de un acuerdo multipartido. En mi opinión, la lectura que los partidos hicieron de los nuevos equilibrios políticos que participaron en la construcción de la coalición pecó de un carácter normativo: el mandato de las urnas para cambiar. Pero, lo que quedó en evidencia también demasiado pronto fueron las diferentes tácticas de los grupos, insisto, más allá del positivo objetivo de que el pp pasase a la oposición después de veinte años. Evidentemente todos se jugaban mucho al venir de una legislatura en la que, pese a ser mayoría la oposición, fue imposible lograr un acuerdo.
Creo que lo que subyacía en la opinión pública que se agregó (y disgregó) en las urnas fue, al igual que en en la Comunidad y en el Estado, un cuestionamiento de la representación como fundamento de nuestro sistema democrático. Hanna F Pitkin, en 1967 concreta esta idea como: representante como alguien que es responsable de dar respuesta a otros de lo que se hace. A esto se le conoce como la asignación de responsabilidades.
Con la aparición en escena del multipartidismo se producen dos hechos: la perdida por parte de la ciudadania de una parte de su capacidad para asignar responsabilidades, entendidas éstas como la capacidad de "castigar" a quien no cumple, ganado paralelamente capacidad de maniobra los dirigentes políticos. La unica solución para el multipartidismo es, o ceder el gobierno al más votado o sumar fuerzas en una coalición. La política de alianzas puede ( o no) mantener en el poder a los dirigentes pese a que la formación sea de alguna manera castigada ( siempre que el número de representantes prevea un mantenimiento mínimo) en las urnas, y es aquí donde los dirigentes ganan capacidad de maniobra para consolidarse, no como alternativa sino como parte de futuras coaliciones. Pero la política cambia, las opiniones cambian y los desequilibrios pueden volverse en contra de las estrategias, con una ciudadanía descreida y cada día más desafecta de la política.
¿Fue "voluntad popular" un acuerdo multipartidista?. La realidad es que la ciudadanía apostó por el diálogo frente a la gestión de un solo partido. Lo que si es cierto, y como decía pronto se puso de manifiesto fue que, ni las estrategias coincidían y que los "intereses generales" no eran los mismos ya que el documento de mínimos fue igualmente cuestionado pasando el documento acordado a un plano secundario frente a la gestión de lo cotidiano.
En mi opinión, el loable objetivo de superar dos décadas no venía acompañado de un proyecto político que conllevase un modelo de pueblo diferente y, por consiguiente, unas dinámicas de gestión diferentes basadas en la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, en la información y explicación. Esta ausencia de información y explicación ha "logrado" seguir alejando la política de la ciudadanía, o al menos de la mayoría.
Cuando se producen cambios, y el de mayo de 2015 era de la suficiente magnitud como para considerarlo casi una revolución democrática ( no solo se castiga a un partido que ha gobernado veinte años, creando relaciones clientelares social y administrativamente, sino que se opta por un conjunto de fuerzas para que, de forma conjunta, acuerden la forma del cambio), se producen oposiciones, no solo sociales, sino en la propia estructura burocrática que es la herramienta desde donde implementar las políticas. Y estas oposiciones solo se compensan con un proyecto, firmeza en la convicción del camino a seguir, y sobre todo, información y explicacion. La ciudadanía debe entender y, a ser posible, mayoritariamente compartir las políticas que se deciden, porqué se deciden y para qué. Un gobierno que explique, pero no de forma propagandistica, sino de forma sincera y directa ( medios, haberlos los hay) es fundamental para el principal cambio que se perseguía: una mejora en nuestra democracia local. Para ejercer el liderazgo, la mejor herramienta es la explicación y la información, pues convierte ( o devuelve) a la democracia su dimensión de rendición de cuentas, dándole un carácter deliberativo frente a la jerarquización que tanto desinterés y rechazo ha provocado.
En ausencia de las condiciones informativas y explicativas, se promueve ( no se si tácita o explicitamente, por acción u omisión) un debate de baja calidad, donde se da posibilidad a la demagogia y la desinformación, pero no por parte de los medios de comunicación, o de colectivos interesados en mantener su oposición, sino en ese gran número de personas que confió su voto al cambio. Victor Lapuente en su libro La Vuelta de los Chamanes, identifica una de las figuras que más daño pueden hacer a un gobierno, "los chamanes" en relación a la opinión pública, donde toda la argumentación se basa en grandes principios, objetivos grandilocuentes donde, bajo la pretensión de crear un "nuevo relato" compartido, lo que consigue es, en todo caso "fidelizar" a los adeptos más emotivos sobre la base de la irracionalidad partidaria, pero no a una población heterogénea que, pese a pecar de "silenciosa", tuvo la capacidad de revelarse con el mejor instrumento que la democracia representativa ha puesto en manos de la ciudadanía: el voto.
Con ésta reflexión simplemente pretendo humildemente advertir que, en democracia los equilibrios no son siempre duraderos y éstos pueden volverse contra las tácticas si la ciudadanía decide, por cansancio o hastío , retirar el apoyo a los actores del multipartidismo o simplemente volver a ser "silenciosos" frente a las urnas, lo que propiciaría un giro de ciento ochenta grados, o lo que es lo mismo, volver a la casilla de partida.
Creo que los partidos que todavía participan en el gobierno multipartido en minoría tienen sus estrategias de cara a ese futuro a medio plazo que son las elecciones locales de 2019:unas pasan por consolidar una coalición de facto interna, otras por una lealtad institucional loable pero poco práctica. Creo que es ha llegado el momento de que los partidos vuelvan a ser protagonistas, pues ese "equipo de gobierno" solo beneficia los intereses políticos de unos pero, humidemente, creo que va en contra de la esencia misma de la representatividad democrática.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

DEL GOBIERNO DE COALICIÓN, A LAS ELECCIONES DE 2019

Nuestro sistema electoral, sin necesidad de modificar parlamentariamente las normas y condiciones, se ha transformado. No se si de forma permanente o únicamente coyunturalmente, aunque lo cierto es que ha sido la ciudadanía la que ha transformado un sistema mayoritario en un sistema, de facto, proporcional o de consenso.
En nuestro sistema bipartidista, con excepciones temporales, la hegemonía ha recaído en el ejecutivo, aunque ésta realidad se enfrenta con la "enmienda" popular: la necesidad o incluso el mandato de la negociación como forma de gobierno. Evidentemente, la durabilidad de ésta situación dependerá, no sólo de la voluntad de la ciudadanía en mantener "volátil" su decisión electoral, sino del comportamiento de los diferentes actores políticos, cuya tendencia, al ser la democracia un gobierno pro tempore, será volver a conseguir el apoyo mayoritario de sus electores, ya sea afianzándolos o desactivando la movilización del electorado contrario.
Pero quisiera centrarme en el fenómeno de la coalición como forma de gobierno que, como decía, temporalmente o no, sustituye al gobierno de un solo partido.
La teoría formalista sobre coaliciones se apoya en la hipótesis de que los "juegos" (teoría) coaligatorios son un juego de "suma cero": las ganancias y perdidas de los partidos coaligados deben ser las mismas para todos los participantes. ¿Esto es así?. En un sistema "presidencialista" como es la administración local, el partido del candidato que es designado para ostentar el cargo de Alcalde tiene atribuidas unas responsabilidades específicas y personales que dan un relativo margen de maniobra para construir o al menos intentarlo, un relato en torno a su figura que le ayude a conseguir un estatus superior al de sus socios. En el caso de nuestro municipio se añade la variable de referencia partidaria para valorar la estabilidad, o al menos, la durabilidad: la distancia de los intereses partidarios es la suficiente como para impedir cualquier otra variación sin el riesgo de caer en la demostrada (CDU-SPD) perniciosa "Gran Coalición" inter ideológica".
Las coaliciones gubernamentales pueden partir, del proceso mismo de confluencia institucional o de coaliciones electorales: pasar del terreno gubernamental al electoral a través del acuerdo, fusión e incluso absorción. En nuestro municipio tuvimos el caso de Bloc e Iniciativa, que en 2011 se presentaron por separado obteniendo, el Bloc-Coalició Compromis: 1259 votos (11,14%) e Iniciativa-Verds: 634 votos (5,61%). En éste caso, la "absorción" de la candidatura de Iniciativa por la del Bloc no propició los mismos beneficios : en 2015 la candidatura única de Compromís obtiene 1.470 votos ( 373 votos menos) y el 12,17%, lo que significa que la suma no fué cero para los coaligados (pese a obtener un punto porcentual más).
Siguiendo con la teoría formalista, en el caso de la actual coalición, se cumple el principio de "valor supremo" de la estabilidad gubernamental, pese a los desequilibrios iniciales en el seno de los distintos partidos que posteriormente originarían la coalición de gobierno que impidió a la derecha su continuidad. Cuando hablo de desequilibrios, me refiero a que según los postulados democráticos de la primacía de la mayoría, debieron ser los "mayoritarios" los que ostentasen la mayor representación pero ¿qué mayoría?, ¿la electoral, la de la representatividad o la que surge de la coincidencia entre dos de los partidos coaligados frente al partido más votado?. En el caso local, sí se produce esa coincidencia que propicia un desequilibrio inicial, compensado por la coherencia y el compromiso del actor perjudicado que pese a verse relegado, sigue manteniendo su apoyo de investidura. También hay que señalar que gracias, y es necesario recordarlo, a la "aportación" de otro de los actores que, siguiendo el vago principio de no decantarse, consiguió lo que realmente había añorado ideologicamente: relegar al PSPV-PSOE a "uno más".
Evidentemente el objetivo de una coalición es gobernar conjuntamente, pero creo que en un sistema representativo, donde los partidos son la expresión de la pluralidad de la sociedad, anular a una de las organizaciones participantes o autoanularse por una presunta lealtad institucional, va en detrimento de la misma democracia. La relevancia del programa común de máximos ( o de mínimos), el dialogo permanente, la comunicación, etc, no debería ni puede estar reñida con la conservación de la propia personalidad; de la propia imagen política, pues como decía anteriormente, la democracia es pro tempore, y los partidos políticos deberán ponerse ante la ciudadanía nuevamente para rendir cuentas y volver a pedir el apoyo, algo que se me antoja difícil dada la hegemonía adquirida por la figura presidencialista del Alcalde erigiéndose en portavoz único de una coalición plural, cosa que entiendo respecto al PdC, ya que gracias a éste partido consiguió el poder. Igualmente lo entiendo respecto al hoy concejal no adscrito, cuya única motivación era la de oposición a la derecha gobernante, pero no lo entiendo respecto al PSPV-PSOE, un partido que ha sido gobierno en nuestro municipio y cuyo objetivo debería ser volver a obtener el apoyo de la ciudadanía de forma mayoritaria, no por ser el partido que es, sino por tener soluciones progresistas para el futuro colectivo de nuestro pueblo.

miércoles, 2 de agosto de 2017

INSTITUCIONALIZACIÓN



Este proceso, teóricamente debería partir, no de la voluntad del sujeto o sujetos, sino de un proceso coercitivo a través del cual las situaciones "informales" se transforman en funcionales pero, ¿para quíén?. Si nos referimos a la administración y a lo que a muchos cargos electos les ocurre, la conclusión es que se da una confusión entre el necesario conocimiento de los procedimientos y trámites con una adaptación a un medio que no es, ni el propio ni el adecuado pues las urnas designan a "altos funcionarios" sino a representantes de valores, ideas, intereses, ideologías, etc.
El proceso de adaptación que se produce parte del interés de los grupos que, dado su estatus orgánico, adquieren la posibilidad de ejercer algún tipo de coerción sobre los representantes electos: bloqueo, retraso, etc. a través de su actividad administrativa. Esta es otra forma de institucionalización forzada por la propia estructura.

Las opiniones tecnocráticas, osea, aquellas que consideran que la preparación de los representantes políticos no tienen la formación adecuada y, por consiguiente debería existir un filtro académico, olvidan que el conocimiento técnico no esta exento de ideología. Esto ocurre con las estructuras administrativas y técnicas: no están exentas de ideología. El o la técnico tiene la posibilidad de dirigir la acción política a través de su trabajo: permitir o no, interpretar la legislación en función no de las posibilidades en su aplicación sino de sus propios intereses o incluso creencias. La conclusión es que la "tecnocracia" no es aséptica, pues los que la aplican tienen intereses, creencias, etc. o lo que es lo mismo: los que vigilan que la ley se cumpla, los que deben velar porque las actuaciones se ajusten al procedimiento tienen la capacidad de "hacer política" a través de los representantes políticos, máxime si éstos se institucionalizan.

Tenemos dos ejemplos que pueden servirnos. El primero, el asunto sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento ( osea, a todos) a abonar 1,3 millones de euros a una empresa inmobiliaria a causa de una decisión adoptada en la Junta de Gobierno, en función ( como así afirma sin sonrojarse el portavoz del PP) de "informes técnicos". Igualmente, un informe técnico ha propiciado que se rechace la aprobación de un reglamento destinado al personal, no porque no se ajuste a ley ( la sindicatura de cuentas pedía su elaboración), sino por motivos diversos, entre ellos, proteger la actual percepción de las "productividades fijas y periódicas " (así las denomina la técnico que elabora el informe) frente a cualquier cambio. Podríamos seguir con informes técnicos que ha propiciado quiebras de convenios firmados, pago de indemnizaciones, etc. Entonces, ¿los informes técnicos no sirven para nada?. Al contrario: los informes técnicos son el fundamento de que la administración se ajuste a la legislación vigente, pero éstos, no son ni infalibles ni incuestionables: l fin y al cabo, los que los suscriben son personas, con vivencias, pulsiones, ideas y, por supuesto, ideología.

La cuestión es que, la ciudadanía no elige a los representantes políticos para que se "adapten" a una estructura que, por principios es conservadora. la elección se hace en base a un programa, a unas preferencias, a la defensa de unos intereses. Cuando se produce ( como en mi opinión, es el caso) un proceso de adaptación casi simbiótica, se pierde la perspectiva que la democracia atribuye al representante electo.
La reversión de ésta situación es un paso fundamental para el cambio de paradigma que la administración, sobre todo la local, precisa. El paradigma técnico y admnistrativo debe ser sustituido por el político: repolitizar las instituciones es un objetivo fundamental, pues seguir dejando el devenir de un pueblo en manos de una opinión técnica casi en exclusiva es vaciar de contenido la democracia y, en el caso de los gobierno de cambio, traicionar la voluntad de los que agregaron su voto para que la derecha saliese del gobierno.