No hace
mucho podíamos leer que el Ayuntamiento, o sea, el Gobierno municipal, “congelaba”
las ayudas al transporte para jóvenes que cursaran sus estudios fuera de la
localidad, para estudiar si las “competencias” que establece la nueva legislación
local lo permite o no. Hora, haciendo uso de las competencias (¿seguro?), eleva
al Pleno Municipal, o sea, el foro donde todos y todas los campelleros y
campelleras estamos representados, una moción de apoyo a la ampliación del
centro religioso. Los argumentos del Alcalde merecen una respuesta clara: la
educación no es una mercancía, por lo que no cabe la palabra “oferta”; en todo
caso podría haberse referido a que, de esta manera, se ampliaban las
oportunidades, cosa que tampoco es cierta, pues solo se refiere, a la
oportunidad para quien pueda pagarla. No obstante, y a la vista de que después de
la supresión de dos líneas en el CEIP y del centro número cinco, ¿no cree que
la “oferta” se reducía? (hablamos de centros públicos donde la educación es
gratuita).
La opción
de, teniendo o sin tener competencias, elevar una moción de apoyo a la ampliación
del colegio religioso expresa una opción clara del actual gobierno; expresa una
opción política. Y esta opción política ha sido contestada por la comunidad
educativa local ( la pública) con una protesta que, o mucho me equivoco, o no
tendrá ninguna repercusión, aunque debiera.
La opción
de apoyar la educación privada es uno de los rasgos definitorios de la derecha
política, y los padres y madres deberían tenerlo muy en cuenta, al igual que
las palabras del Alcalde: oferta ( entiende la educación y, por ende a los
educandos como una mercancía). No tener este “pequeño” detalle en cuenta es
volver a disculpar a los que dirigen el Ayuntamiento, porque total, ¡una
nimiedad!. No es así.
En algún
momento, los padres y madres, sometidos a una presión laboral y socioeconómica
insoportable, entenderán que la primera y más genuina expresión de dominación
que el sistema ejerce es en la educación. La “legitimidad” (expresada en las
urnas) de los gobiernos, les dan la posibilidad de influir directamente en la
ignorancia del futuro, precarizando la enseñanza del presente, algo que influirá
claramente, no solo en las oportunidades que nuestros hijos e hijas tendrán,
sino en que se construirán ( junto con el terror económico y social propio de
una superestructura que ejerce su poder de coerción de modo indirecto a través
de una violencia diferida en el tiempo) generaciones de “consumidores” sumisos,
frente a ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos, algo que el sistema
no puede consentir, pues su estatus peligraría.
Esa opción,
en apariencia tan “sin importancia”, expresa un modo de pensar que hay que
combatir. Si no se hace, si no nos enfrentamos a los que quieren seguir
apretando la soga en torno a la vida de los trabajadores y trabajadoras no tendremos
derecho a llamarnos ciudadanos y ciudadanas, nos habremos convertido en sumisos
y resignados, y lo peor, habremos ( de hecho ya lo estamos haciendo) condenado
a nuestros hijos a la sumisión y la resignación.
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