El
discurso político acostumbra a considerar de forma tácita que la
ciudadanía es simplemente un grupo de inexpertos consumidores de
servicios a los que pueden valer las justificaciones y, por lo tanto,
para quien las explicaciones ( la rendición de cuentas) no son
necesarias. Decía Albert Hirschman, que una democracia consigue
legitimidad cuando las decisiones que se adoptan emanan de una
completa y abierta deliberación entre sus grupos, órganos y
representantes, algo que suena casi a broma si miramos la relación
entre la ciudadanía y la administración local. De ahí que una gran
parte de la ciudadanía se haya vuelto escéptica en relación con la
actividad política, asumiendo el sistema de representación
como una “carga” más que ha de sobrellevarse.
El
utilitarismo de la política; el ejercicio reduccionista de limitar
la democracia al mero ejercicio de seleccionar dirigentes cada cierto
período de tiempo, no solo pervierte la relación entre la
ciudadanía y los representantes políticos, sino que profundiza en
el paradigma que parece seguir dominando en gran medida en la actividad
de la administración: la ciudadanía rebajada al rol de consumidor
de servicios. Y ahí, los movimientos políticos que pretendieron
representar a una mayoría, han fallado estrepitosamente,
convirtiéndose en una mala copia de los genuinos representantes de
la gestión neoliberal en el ámbito local.
Personalmente,
he intentado catalogar a la administración local en función de los
rasgos conocidos y los marcos conceptuales que en la ciencia política
se utilizan para el análisis. ¿Es una administración discrecional
y por lo tanto tiene rasgos de la antigua administración?. No,
porque el desarrollo del proceso de modernización que disfrutó
nuestra administración local bajo la dirección del nunca suficientemente
valorado y, por lo tanto, añorado Secretario municipal, D. Vicente
Boix, situó una administración con pocos recursos, pocos
profesionales y procedimientos no reglados en una administración
moderna. ¿Correspondería por lo tanto encuadrar nuestra
administración en el nivel de la administración tradicional
racional-burocrática?. Evidentemente las normas y procedimientos
reglados, la organización jerarquizada y la, en principio
indiscrecionalidad, la situarían en ese estadio pero, ¿no existen
rasgos o elementos que correspondan a ese nuevo paradigma que supuso
la Nueva Gestión Pública?. Si. Los intentos ( solo intentos )de
establecer vías de participación ciudadana ( en el período de 1991
a 1995 se pusieron en marcha los consejos sectoriales de deportes,
cultura, juventud y turismo), junto con la externalización de
servicios coinciden en parte con el paradigma neoliberal cuyo
objetivo era ( y es) que la administración funcionase bajo criterios
importados del mundo de la empresa pese las contradicciones organizativas y democráticas. Entonces, ¿donde encuadrar a
nuestra administración?. A caballo entre la Administración
burocrática y la nueva gestión, quizá. ¿Y ésto que significa?.
Pues que, a pesar de la coincidencia en la existencia de rigidez de
los procesos administrativos y la jerarquización burocrática, a
pesar del uso de técnicas provenientes del mercado, si por algo
podría definirse hoy nuestra administración es por ser un entramado
dificilmente analizable. Y, ¿porqué esa casi obsesión por analizar
y encuadrar?. Simplemente para entender: qué procesos, cómo se
implementan, cual es la organización y porqué para poder valorar
posibles mejoras no solo en la prestación de los servicios, sino en
la forma en la que se toman las decisiones, por quién y para quién.
¿Y
todo ese rollo, porqué? La administración, en mi opinión, se ha
convertido en un problema para la propia administración. Es una
administración burocrática que vive de espaldas a la ciudadanía y
que, como una administración racional-burocrática, no mira a los
ojos de la ciudadanía y como administración que sigue el paradigma de la Nueva Gestión, prioriza la externalización frente a la búsqueda de herramientas que incidan en la economía colaborativa y cooperativa como instrumento de gestión. Y además de eso, vive bordeado la
legislación vigente, cuando no vulnerándola abiertamente, extremo
que, pese a la condescendencia (complicidad, más bien) del actual
gobierno con los responsables, cuesta miles o millones de euros a la
ciudadanía; miles y millones de euros que deberían (que tendrían
que) dedicarse a mejorar la vida de la ciudadanía. Casos como las
indemnizaciones por incumplimientos legales para con los trabajadores
públicos ( caso del 1%), como los del “olvido” en el pago de la
seguridad social ( que acarreó una importante sanción), como los
del informe encargado extraoficialmente por un concejal, como las
indemnizaciones millonarias a empresas , como la anulación del Plan
de Ordenación urbana, etc. Y todo ello, aderezado con un incremento
exponencial desde 2007 de la partida de productividad y servicios
extraordinarios que éste gobierno debería haber parado (
¿solución a través de una RPT?,¿cómo?,¿consolidando
productividades que vulneran la ley?) para así afrontar una profunda reforma de nuestra administración local.
El
gobierno de coalición ha profundizado en la brecha entre administración
y administrado que abrió el pp y que durante veinte años ha
convertido una institución en camino de la modernidad en un
entramado de intereses difícilmente explicables, y no digamos ya
justificables. Y si: fue el PP el que remodeló la administración que
el Secretario Vicent Boix tanto empeño puso en modernizar,
poniéndola a su servicio y poniendo a la estructura política al
servicio de determinados grupos internos de presión. Lo sorprendente
y profundamente frustrante es que conociendo los grupos políticos el
grave problema de la administración, su desorganización operativa y
salarial, no se empeñasen en ordenarla y ponerla al servicio de la
ciudadanía. Personalmente, de nada me sirven las retóricas
declaraciones de estar “al servicio del pueblo” cuando la
realidad es que es al contrario: el pueblo está al servicio de la
administración. ¿Dónde podemos encontrar las diferencias que legítimamente creíamos que nos representasen?.
Creo
que ésta legislatura ha fracasado por varias cuestiones, pero una,
sin lugar a dudas, es el secuestro de la voluntad política por
lobbies internos cuya única preocupación es mantener el estatu quo,
dándole la espalda a esa promesa que todos y todas hicimos cuando
tomamos posesión, incluidos los cargos públicos: cumplir el cargo,
respetando las leyes. La cuestión, que he repetido en diferentes
ocasiones se refiere a la legitimidad: ¿con qué legitimidad se
exige el cumplimiento de la ley, si aparentemente el objetivo de la
administración en bordearla en función objetivos que nada tiene que ver con mejorar el servicio a la ciudadanía?.
La
administración tiene un problema: la propia administración. Y urge,
tanto una concienciación política como ciudadana, porque al fin y a
la postre, la administración existe porque existe una ciudadanía
que administrar y, no nos olvidemos: representar.